Acepta 5 meses de prisión y 204 euros de multa por falsificar documentos para obtener una subvención

El acusado deberá devolver la ayuda del Fondo Social Europeo obtenida de manera fraudulenta, que podría ascender a más de 25.000 euros

Archivo - Juzgados de Logroño, Palacio de Justicia
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Europa Press La Rioja
Publicado: lunes, 2 marzo 2026 13:25

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de La Rioja ha dictado hoy una sentencia de conformidad contra un acusado de obtener una subvención del Fondo Social Europeo en 2009 mediante la falsificación de documentos mercantiles.

El acusado, para el que el Fiscal solicitaba en un principio dos años y tres meses de prisión, ha reconocido los hechos y ha aceptado 5 meses y 10 días de prisión, así como una multa de 204 Euros.

En cuanto a la responsabilidad civil, el Tribunal impone al acusado la obligación de devolver al Ayuntamiento de Alfaro, ante el que se tramitó la ayuda, el dinero obtenido de manera fraudulenta que podría ascender como máximo a 25.642 euros. En cualquier caso, la cantidad exacta se determinará en ejecución de la sentencia.

Se ha suspendido la pena de prisión "con la condición de que el acusado con cometa ningún delito durante los próximos tres años y devuelva las cantidades exigidas como responsabilidad civil". La Fiscalía ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas para acordar una sentencia de conformidad.

Según el relato de los hechos, con motivo de una convocatoria en 2009 de subvenciones financiadas por el Fondo Social Europeo, el Ayuntamiento de Alfaro solicitó y obtuvo una ayuda para impartir una acción formativa denominada 'Agente comercial para exportación. Inglés comercial'.

Para la ejecución del curso, el Ayuntamiento contrató a una persona que, a su vez, subcontrató a dos docentes.

Con el fin de aparentar formalidad contractual, el acusado aportó al expediente contratos con firmas simuladas de los profesores, ya que la relación real se había acordado verbalmente.

Además, presentó facturas y justificantes simulados por conceptos inexistentes o por importes superiores a los reales, especialmente en concepto de dietas y kilometraje.

Mientras que los docentes solo emitieron tres facturas por un total de 7.680 euros, el acusado percibió del Ayuntamiento 23.360 euros para gastos de docencia, obteniendo un beneficio ilícito de 15.880 euros.

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