Ayuntamiento de Logroño y Gobierno riojano exigen a Fomento "asumir compromisos" y renegociar convenio del soterramiento

   LOGROÑO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja exigirán al Ministerio de Fomento que "asuma sus compromisos" con el soterramiento del ferrocarril en la ciudad así como una renegociación del convenio marco de esta obra, para que "no solamente aporten las administraciones más débiles", además de "actualizarlo y poder afrontar las Fases II y III".

   Esta petición, como han informado este jueves la alcaldesa de Logroño Cuca Gamarra y el consejero de Fomento Carlos Cuevas, se hará en la reunión que mañana tiene previsto celebrar el Consejo de Administración de la Sociedad LIF 2002, un encuentro que se realiza a petición tanto del Consistorio logroñés como del Ejecutivo riojano "para tratar asuntos urgentes, una vez que está a punto de finalizar la Fase I del proyecto".

   Tanto Gamarra como Cuevas han recalcado que "los representantes del Ayuntamiento y del Ejecutivo regional vamos a plantear al Ministerio la renegociación del convenio firmado en 2002 por las tres administraciones, a fin de encarar las Fases II y III". Se trata "de actualizar las aportaciones al momento actual", cuando han pasado "casi veinte años y muchas cosas".

   En este sentido, han apuntado, entre otros aspectos, que los gastos fueron estimados sobre estudios previos y no sobre los proyectos constructivos, que en aquel momento inicial no se tenían; los terrenos fueron tasados según el mercado de entonces y sin el elemento corrector que fue la fuerte crisis económica que vino después; con una normativa técnica menos exigente que la actual y sin tener en cuenta la creación de un instrumento gestor como es LIF.

   Como han recordado Gamarra y Cuevas, la renegociación del convenio que dio origen a las obras de integración de las vías del tren en la trama urbana de la ciudad es una recomendación también del Tribunal de Cuentas.

   Así lo indica en su informe sobre el déficit de los soterramientos en España hecho público recientemente, con datos de 2016 y analizando la evolución que estos proyectos han tenido en 13 capitales españolas. En ese estudio Logroño era mencionado como uno de los soterramientos con ejecución modélica.

   En concreto era el segundo -después de Zaragoza- con mayor grado de ejecución -y los dos únicos por encima del 50%- y valorado como "uno de los pocos" en los que se fue riguroso al incluir las cuantificaciones de las actuaciones urbanísticas.

   "Logroño ha hecho bien el trabajo, está a punto de finalizar la fase I y además quiere encarar las siguientes cumpliendo el compromiso con todos los vecinos, pero el posible déficit de la II y la III en ningún caso puede recaer sobre los socios locales sino que Fomento tiene que asumir un mayor protagonismo como tiene en otros soterramientos", ha señalado la alcaldesa.

FINANCIACIÓN DE LA FASE I.

   En la Fase I no existe déficit, al haber asumido ya todos los socios de LIF 2002 la financiación de las obras realizadas -a través de un préstamo sindicado de 220 millones- con sus correspondientes cargas. Sin embargo, "y a fin de aligerar estas cargas para Ayuntamiento y Gobierno regional", como ha destacado el consejero, trasladarán mañana otras reclamaciones a su socio Ministerio de Fomento.

   En concreto, se pedirá "el cumplimiento del convenio fundacional", en el que aparecía el compromiso de que Fomento aportara 30 millones de euros -en concepto señalado como llegada de la Alta Velocidad-, "una cantidad que aún no ha hecho efectiva -a excepción de 6 millones de euros- y que de hacerlo aliviaría mucho la carga financiera del conjunto de la sociedad al amortiguar los costes".

   También se planteará el tratamiento de los activos cedidos, ya que se apunta que "Fomento, a través de ADIF, disfruta ya de una serie de activos, como la propia infraestructura ferroviaria totalmente renovada, o el edificio de la estación de trenes que permite no solo la prestación del servicio sino la explotación de locales..., cuya financiación aún sigue siendo soportada por el conjunto de la sociedad".

   Se suma la refinanciación del préstamo. Así, las administraciones territoriales consideran que "vienen haciendo un esfuerzo desmesurado en la financiación de las obras del soterramiento" y consideran "viable" que se refinancie el préstamo que va dando soporte a la Fase I, "para lo que la postura que adopte el Ministerio resulta fundamental".

   Todos estos aspectos han sido ya trasladados con anterioridad al Gobierno central. En concreto, la alcaldesa y el consejero han hecho referencia a que se llegó a elaborar un protocolo de intenciones para variar las condiciones de participación de los socios en el proyecto, pero que no pudo llevarse a efecto porque algunos puntos debían ser objeto de una modificación del convenio.

   Asimismo, se solicitó una reunión con el secretario de Estado para abordar la situación -"cada vez de mayor urgencia, con el próximo fin de la fase I y la emisión de informe del Tribunal de Cuentas con sus recomendaciones"- pero al no producirse, Ayuntamiento y Gobierno Regional tomaron la decisión de solicitar este consejo presencial de LIF que se celebrará mañana en la sede del Ministerio.

   "Se trata con estas peticiones -ha resumido Cuca Gamarra- de un cambio en las reglas de la Fase I, cuando está a punto de finalizar, y de una nuevas condiciones para las Fases II y III". Del préstamo de 220 millones, quedan por pagar unos 120 millones, "y si esta cantidad no se cubre con los terrenos y con los 30 millones de Fomento, ¿quién lo paga?"

   Por eso, la alcaldesa ha defendido la necesidad de renegociar el convenio, "para que el Gobierno de España se haga cargo de las cantidades que sean correspondientes, no las administraciones más débiles que somos Ayuntamiento y Gobierno regional". De entrada, para ello, habría que "plantear estudios de cantidades y establecer, de acuerdo con ellas, un reparto de obligaciones".

   Un reparto que podría ser "según el capital social de LIF 2002", es decir, 50% del Gobierno central, 25% de Gobierno regional y 25% de Ayuntamiento, "o ver cómo se está haciendo en otros sitios de España, y si hay alguno donde la administración central haya asumido el 100%, que se haga".

   Se trata, en todo caso, de una situación que "no puede ser obstaculizada porque estemos en un proceso electoral, porque, en todos los años que llevamos con el proyecto, han cambiado partidos y han cambiado caras, pero las instituciones siguen siendo las mismas, y el trabajo de una sociedad pública que está en marcha no puede parar".