LOGROÑO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Logroño, en Junta de Gobierno Local, ha aprobado este miércoles la finalización de tres expedientes sancionadores, con sanción económica, que se abrieron en julio de 2013 a adjudicatarios de parcelas municipales por incumplimiento contractual, bien por retrasos en las obras o por no llegar a desarrollar los proyectos planteados.
Como ha señalado en rueda de prensa el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Miguel Sáinz, los expedientes "han finalizado con una sanción económica, y para la fijación de su cuantía, se ha tenido en consideración las dificultades derivadas de la situación que está atravesando el mercado".
Ha explicado que, en marzo de 2013, el Ayuntamiento acordó requerir por incumplimiento a los adjudicatarios con el objetivo de aclarar la situación de estas parcelas dotacionales públicas y privadas que el Ayuntamiento adjudicó o cedió y en las que no se han cumplido los plazos de construcción e inicio de actividad previstos en los acuerdos de adjudicación o concesión de las parcelas.
Tras concluir el periodo de alegaciones, sin que los adjudicatarios hayan agilizado estos proyectos en julio se acordó incoar expediente sancionador conforme a la normativa vigente.
Las sanciones, en concreto, se imponen a una parcela dotacional pública en La Guindalera, concedida en concesión administrativa a Cristina Ortiz-Olave por un canon anual de 7.270 euros para un centro de día, hogar de personas mayores y guardería en febrero de 2010, un canon "que se ha venido pagando por completo".
La sanción impuesta en este caso, por no desarrollar el negocio, podría haber alcanzado los 12.000 euros, pero "atendiendo a las circunstancias actuales", la multa impuesta finalmente es de 1.000 euros.
La segunda es una parcela dotacional pública en el Polígono de La Portalada II, concedida en concesión administrativa en junio de 2007 a Gestión y Promoción de Viviendas Iregua S.L. para la construcción de un Vivero de Empresas por un canon anual de 14.848 euros, también pagado. La sanción, que podría haber llegado a 24.000 euros, se ha fijado en 1.000 euros.
Por último, se sanciona a la parcela dotacional privada en la calle Piqueras concedida a Promociones Hekania S.L. por el retraso en el inicio de la actividad reflejada en el acuerdo de adjudicación. La sanción impuesta es de 3.000 euros, podría haber sido de hasta un máximo de 24.000 euros.
Miguel Sáinz ha explicado que en el caso de las parcelas de La Guindalera y La Portalada II se abre ahora un plazo de quince días para realizar alegaciones y después iniciar el expediente para la recuperación de la parcela por parte del Ayuntamiento e incorporarla al patrimonio municipal, para poder sacarlas de nuevo a concurso.
El portavoz ha señalado que, además, hay otras parcelas en las que se incoó expediente sancionador y que están pendiente de resolver. Se trata de una parcela dotacional 21 en el sector Fardachón, enajenada en abril de 2006 a la mercantil Hosters XXI S.L., para construir un edificio destinado a hostelería, por un precio de 79.200 euros. Con el precio pagado el precio en su totalidad, se plantea una sanción de hasta un máximo de 12.000 euros.
La segunda es la parcela dotacional 23 en el sector Fardachón, enajenada en abril de 2006 a la mercantil Constructora Herreña Fronpeca S.L. para usos comerciales, por un importe de 100.800 euros. Igualmente, el precio está pagado el precio en su totalidad y, en este caso, la sanción podría ser también de hasta un máximo de 12.000 euros.
Por último, hay una parcela dotacional pública en el sector Río Lacalzada, concedida en abril de 2003 a Olarreta Gestiones S.L. por un canon anual de 9.311 euros, para la construcción y gestión de una residencia de personas mayores. La empresa tiene una deuda actual de unos 59.000 euros, y la sanción que se podría imponer podría ser de hasta un máximo de 50.000 euros.
OTROS ASUNTOS.
Otro de los asuntos aprobados ha sido el abono de 7.200 euros a los propietarios de las parcelas 43 y 63 del polígono 49, terrenos necesarios para la construcción de las glorietas en la calle Gustavo Adolfo Bécquer.
Se inicia de esta manera el proceso de expropiación tras no alcanzar un acuerdo con estos propietarios como si se ha logrado con otros. Sáinz ha explicado que el Ayuntamiento continúa negociando con otros tres propietarios para alcanzar un acuerdo.
La superficie total a ocupar para la creación de estas dos rotondas es de unos 4.800 metros cuadrados -10 propiedades afectadas- con una propuesta de justi-precio de 189.562 euros.
Las dos rotondas a ejecutar tendrán un coste aproximado de 1,1 millón de euros. El Ayuntamiento de Logroño prevé que entren en servicio este año y que mejoren el tercer acceso al centro de la ciudad desde el sur minorando el tráfico en la calle Vara de Rey.
Otro de los acuerdos adoptados esta mañana ha sido la adscripción de nombres a tres espacios públicos que se han creado en la ciudad y la instalación de las correspondiente placas identificativas.
En concreto, son Plaza Ferroviarios, espacio situado en el interior de un conjunto de bloques de viviendas en Duques de Nájera nº 3 a 9; Plaza Santa Ana, espacio de uso público en el interior del PERI Herrerías; y Plaza Reyes de Castilla, espacio situado en el interior de los edificios Alfonso VI nº 6 al 14, Portillejo nº 2 a 10, Juan II nº 8 a 14 y Avda. Club Deportivo nº 55 a 61.
También, se ha dado luz verde a las bases de las ayudas al alquiler de vivienda para los afectados por ejecuciones hipotecarias para el año 2014. Una medida de apoyo que en este año dispondrá de 107.000 euros de presupuesto para alquileres con un máximo de renta de 600 euros, del que la administración aportará el 80 por ciento durante el plazo de un año, prorrogable a dos.
En 2013, como ha recordado el portavoz municipal, 21 familias logroñesas recibieron esta ayuda municipal por cuantías entre los 5.700 y los 2.600 euros.
Por último, la Junta de Gobierno Local ha prorrogado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y FEAPS-La Rioja para el servicio de pisos tutelados que gestiona esta entidad. Se autoriza un gasto de 124.900 euros.
Este servicio destinado a personas adultas con discapacidad intelectual ligera se presta en cinco viviendas de propiedad municipal con capacidad para veinte personas.
Supone un recurso de alojamiento protegido a personas con discapacidad que les sirve para desarrollar sus habilidades personales y sociales y puedan desenvolverse de forma autónoma.