LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
La CHE ha advertido esta mañana de que la nueva "Ley de Aguas supone el desmantelamiento de las Confederaciones Hidrográficas". Se trata de un Real Decreto Ley aprobado la semana pasada, que permite que Andalucía, Aragón y Cataluña asuman "la policía del dominio público hidráulico". Así, "la modificación rompe con la gestión integral de las cuencas gestionadas hasta ahora por la Confederaciones Hidrográficas del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino".
La CHE recoge además las opiniones del Colectivo Ecologista Riojano (CER), que considera "sumamente grave esta medida, dado que es un paso fundamental para desmantelar las Confederaciones Hidrográficas". Estos organismos dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino "garantizan una gestión integral de las cuencas hidrográficas y su unidad". A partir de ahora "la gestión se realizará de una forma más fraccionada y de acuerdo a los intereses de cada autonomía".
El acuerdo del Consejo de Ministros dice "'en las cuencas hidrográficas intercomunitarias el ejercicio de las funciones corresponderá a las Comunidades Autónomas que tengan prevista la competencia de dominio público hidráulico en sus Estatutos de Autonomía'" Por tanto, "las competencias de vigilancia del dominio hidráulico pasarán a las Comunidades Autónomas".
"Las cuencas, que por el Real Decreto caerán en dominio de las Comunidades Autónomas, son las intercomunitarias, las compartidas con varias comunidades autónomas como la cuenca del Ebro, no las cuencas internas de cada autonomía".
Asimismo el Colectivo Ecologista Riojano, "coincide con las principales organizaciones ecologistas nacionales, en criticar el procedimiento empleado para llevar a cabo esta modificación; un Real Decreto Legislativo". La Constitución "reserva este instrumento para asuntos de extraordinaria y urgente necesidad, cuando no es el caso".
La CHE ha anunciado por tanto su apoyo "a todas aquellas iniciativas para frenar esta norma", que consideran "innecesaria y que pone fin a la unidad de cuenca e imposibilitará una política estatal de aguas, según el miembro de la CER Juan Donaire.
