Una concentración pide en Logroño "una justicia con mayúsculas" que "escuche" al hijo de Juana Rivas

Una concentración -convocada por el Movimiento Feminista de La Rioja- ha pedido este jueves en Logroño que las autoridades "escuchen a Daniel Arcuri Rivas", hijo de Juana Rivas, que rechaza volver a Italia junto a su padre. Piden "una justicia con mayúsculas donde prime el interés superior" del hijo pequeño de Rivas.

En la cita de la capital riojana, que ha comenzado pasadas las 19,15 horas frente a la Delegación de Gobierno, también han querido recordar a "los miles de menores en todo el país atraviesan situaciones similares". La portavoz del Movimiento -y presidenta de la Asociación Kirké-, Isabel Ilzarbe, ha asegurado que hoy estamos aquí "porque una vez más la justicia española está siguiendo un patrón patriarcal y va a obligar a Juana Rivas a entregar a su hijo Daniel a su exmarido que es un maltratador reconocido y que está pendiente además de juicio por maltrato continuado contra sus hijos en Italia dentro de poco".

Algo que -como ha indicado- "es completamente irracional", por tanto desde el Movimiento Feminista "queremos mandar nuestro mensaje de apoyo total y absoluto a Juana, a Daniel y a Gabriel. Estamos con ellos y siempre vamos a estar con ellos".

Y también -prosigue- "mandar también nuestro mensaje de apoyo a todas esas madres que están sufriendo casos muy similares al de Juana Rivas, a las que les están arrebatando a sus hijos, a las que la justicia está maltratando una y otra vez de forma constante, no solamente en Granada como es el caso de Juana Rivas, sino en todo el territorio nacional, incluso aquí en La Rioja también tenemos casos de violencia institucional en los que están también menores de por medio".

"REMODELACIÓN COMPLETA DEL PODER JUDICIAL"

Desde el Movimiento Feminista de La Rioja exigen, por tanto, "una remodelación completa del Poder Judicial para que este tipo de casos no se vuelvan a dar" así como "una formación específica a jueces, a fiscales, a todo el personal de justicia que tiene que tratar con mujeres maltratadas y con hijos víctimas de violencia vicaria".

"Y, por supuesto, exigimos que el Gobierno se ponga manos a la obra para acabar con esta lacra de la violencia institucional machista que se suma a todas las violencias que estas mujeres y estas criaturas ya están sufriendo", ha finalizado.

La cita de la capital riojana se suma a la convocada en una veintena de ciudades de todo el país en la que se ha leído un manifiesto que recuerda que en toda España hay miles de menores sufriendo violencia vicaria y violencia institucional.

Como han explicado en una nota de prensa, la violencia vicaria la ejerce el progenitor sobre la desobediente que osó dejarlo, la castiga con lo que más le duele, arrancándole a sus hijos, llegando, en los casos más extremos, a suprimir la vidas de sus propios hijos.

"La segunda la ejerce la judicatura otorgando custodias compartidas y hasta exclusivas a maltratadores, convitiéndose así en complice y responsible del mayor daño de madres y de sus criaturas".

Bajo el lema 'Escuchen a Daniel', esta iniciativa de la sociedad civil exige a la titular del juzgado nº 3 de Granada "que escuche a este niño y deje de violar el derecho que la LO de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia (Lopivi), vigente desde 2021, le garantiza a Daniel y a toda/o menor: ser escuchada/o".

"Y que se tenga en cuenta su deseo de permanecer con su madre y familia en Maracena".

La jueza aplazó hasta el viernes 25 su marcha con Arcuri, condenado en España por violencia de género y actualmente procesado en Italia por malos tratos. El pasado martes, en la entrada del Punto de Encuentro Familiar (PEF) Daniel manifestó entre lágrimas su negativa a irse con Arcuri y su miedo a que le asesine.

Desde el Movimiento Feminista recuerdan que el caso de Daniel ha conmocionado "a la opinión pública y a miembros del Gobierno nacional, pero no es ni mucho menos un caso aislado".

En este contexto, finaliza el Movimiento, multitud de voces críticas señalan "la mala praxis e irresponsabilidad de Judicatura y Fiscalía de Menores, además de su frecuente incumplimiento de la Lopivi, vigente desde 2021, al desproteger en la práctica a las y los menores e ignorar su sufrimiento".