CPAR acusa al Gobierno de perder tiempo y dinero por actuar "de espaldas al Ministerio" en la Ley de Subcontratación

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) emitió hoy un comunicado en el que acusa al Ejecutivo regional de seguir "una estrategia continuada y planificada contra el sector que más empleo y riqueza económica genera en nuestra Comunidad Autónoma" (se refiere al constructor y promotor).

Así, según los constructores, se está produciendo en el caso de la Ley y el Reglamento de Subcontratación en el Sector de la Construcción. Dos instrumentos normativos que, según recuerda la CPAR, el Ministerio de Trabajo tramitó y aprobó con el consenso de la patronal nacional de las empresas constructoras.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) acordó con el Ministerio de Trabajo un modelo de libro de subcontratación que tuviera vigencia en toda España.

"A pesar de ello, el Gobierno de La Rioja, acogiéndose a una previsión normativa prevista para Cataluña, País Vasco y Galicia por sus peculiaridades lingüísticas, decidió editar un libro de subcontratación exclusivo para La Rioja y cobrar casi el doble del únicamente por poner el sello habilitador en el libro de subcontratación oficial de validez nacional", critican los constructores y promotores.

Además del "innecesario gasto que esto genera para las arcas del Gobierno de La Rioja", esto supone, para la CPAR, "una desigualdad jurídica injustificada", por lo que recurrió dicha medida ante los Tribunales de Justicia.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja acaba de sentenciar que, con las Resoluciones que aprueban el Libro de subcontratación de La Rioja, el Gobierno de La Rioja "ha cometido el exceso de imponer la adquisición obligatoria del libro a la Administración pública riojana", según afirma la CPAR.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja sentencia que el reglamento que aprueba el libro de subcontratación de La Rioja es una "disposición viciada de nulidad", puesto que el órgano de que la dictó (la Dirección General de Trabajo) "carece manifiestamente de competencia, tampoco siguió el procedimiento de elaboración legalmente establecido y vulnera lo dispuesto en la legislación estatal", aseguran los constructores.

"Está claro que el Gobierno de La Rioja quiere controlar e intervenir al sector de la construcción a toda costa, incluso vulnerando la ley", dicen los constructores.

Por otra parte, en desarrollo de la Ley de subcontratación, el Gobierno de La Rioja ha creado el registro de empresas acreditadas. Se trata de una medida que, aunque bien recibida por los constructores, éstos entienden que "podría haber estado operativa mucho antes y, por lo tanto, tener una mayor eficacia en la lucha contra la siniestralidad laboral".

Además, desde la CPAR critican también el programa informático desarrollado por el Gobierno regional para el registro de empresas acreditadas. Un programa informático que ha desarrollado "sin contar para nada con el sector de la construcción y, lo que aún es más grave, de espaldas a los dictados del Ministerio de Trabajo", dicen.

"Si el Gobierno realmente se preocupara por la prevención de riesgos laborales habría trabajado en sintonía tanto con el Ministerio de Trabajo como con el sector de la construcción. De esta manera, el registro de empresas acreditadas no sólo estaría funcionando ya desde hace meses, sino que se habría desarrollado un programa informático prácticamente sin fallos, al haber trabajado en su aplicación con los directamente interesados: los empresarios del sector. Lo único que pretende el Gobierno de La Rioja es continuar controlando al sector", aseguran desde la CPAR.

Los constructores y promotores aseguran que la puesta en marcha de este registro va a acarrear un proceso burocrático lento de toma de contacto con un programa informático y un procedimiento absolutamente desconocido por los empresarios que, unido a una avalancha de solicitudes, "probablemente colapsarán a los funcionarios" que estén encargados de la inscripción de las empresas en este registro.

Además, CPAR pone de manifiesto que "el empecinamiento de la Consejería de Industria y Empleo, especialmente de su Dirección General de Empleo, de trabajar de espaldas al Ministerio de Trabajo ha supuesto un gasto innecesario de recursos públicos".

Por último, la CPAR solicita al consejero Javier Erro que "entone el mea culpa por la lamentable actuación de la Dirección General de Empleo en todo lo referente a la Ley de Subcontratación, y depure las responsabilidades políticas correspondientes".