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LOGROÑO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios alerta "de la insostenible situación que llevan sufriendo los trabajadores de la Oficina de Extranjería de La Rioja desde hace meses y que ya se ha denunciado a la Delegación del Gobierno en infinidad de ocasiones, sin que se esté poniendo solución, muy al contrario, con el nuevo proceso de regularización extraordinario, el problema será catastrófico".
CSIF ya reclamó mejoras laborales para los trabajadores de las oficinas de extranjería tras la entrada en vigor del nuevo reglamento el año pasado, que ha supuesto en la práctica una elevada carga de trabajo inasumible por la plantilla.
A esto se le ha añadido la gran afluencia de personas que acuden a las oficinas a pedir información sobre el Real Decreto de regulación extraordinaria.
De hecho, el volumen de trabajo ha aumentado de manera exponencial en los registros, "que se encuentran saturados, tanto de manera presencial como telemática, por la falta de personal y se añanden fallos en la aplicación de extranjería por sobrecarga en la demanda", afirman desde CSIF.
Ante ello, el sindicato exige "un refuerzo inmediato, suficiente y planificado tanto en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno (dependientes del Ministerio de Política Territorial) como en la Dirección General de la Policía (DGP), encargada de la documentación y los expedientes vinculados y solicita a la Delegación de Gobierno que se tomen medidas previas de planificación y organización a la entrada de la normativa".
Ante la publicación de la Delegación del Gobierno de la subcontración como solución a este problema, CSIF mantiene "una postura firme de denuncia contra la subcontratación, externalización y privatización de servicios públicos en España, alertando de que estas prácticas deterioran la calidad de la atención al ciudadano y precarizan el empleo público".
CSIF insiste en que "sin planificación, recursos y claridad normativa, el proceso extraordinario podría convertirse en un 'cuello de botella' no sólo en las oficinas de extranjería, sino que afectaría tanto a los empleados públicos como a miles de ciudadanos en situación administrativa vulnerable ya que los tiempos de espera en la Comisarías se pueden disparar, tanto en expedientes como en emisión de documentación y se pondrá en riesgo la atención al ciudadano, tanto a personas extranjeras como a nacionales que soliciten DNI, pasaporte u otros trámites dependientes de la DGP".