Actualizado 03/06/2007 12:07 CET

El Defensor del Pueblo recibió 163 quejas de La Rioja el año pasado, más del doble que en 2005

LOGROÑO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de La Rioja registró durante el año 2006 un total de 163 quejas ante el Defensor del Pueblo, lo que supuso más del doble que las presentadas en el año precedente, cuando hubo 80 quejas presentadas ante esta figura desde la región, tal como se recoge en el Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2006, al que tuvo acceso Europa Press.

De acuerdo con la memoria, estas 163 quejas registradas el año pasado suponen el 0,53 por ciento del total de las reclamaciones elevadas a esta institución durante el año pasado, lo que le sitúa en el tercer lugar de las regiones en la que sus ciudadanos han presentado menos solicitudes, por delante de Navarra (115) y Melilla (104).

Así, La Rioja aumentó en 83 el número de quejas respecto al año anterior. En cuanto a las reclamaciones individuales presentadas durante 2006, la comunidad riojana registra 91, frente a las 75 que se recogieron en el año 2005. De este modo, y dentro de un total de 14.598, esta cifra representa un 0,62 por ciento.

Respecto al número de quejas colectivas, la comunidad registra un total de 472 reclamaciones, lo que implica un incremento notable respecto al 2005, en el que se presentaron solamente 5 quejas colectivas. Dentro de un total nacional que se sitúa en 16.358 solicitudes, esta cifra registrada supone un 0,44 por ciento.

Estos datos corresponden al informe del Defensor del Pueblo del 2006, que se ha publicado esta semana y que, entre otros análisis, muestra a dos ayuntamientos riojanos, los de Alcanadre y Navarrete, como "administraciones entorpecedoras".

En el primer caso, se debe a un expediente abierto en mayo de 2006, por una construcción sin licencia; tras el tercer requerimiento, el caso se cerró en enero de 2007. En el segundo, se refiere a un caso por molestias debidas a ruido de una alfarería, y que, igualmente, tras un tercer requerimiento, quedó cerrado en septiembre del año pasado.

Se cita, además, a los ayuntamientos de Autol y Manjarrés, como administraciones que no contestaron al tercer requerimiento. En el caso de Autol, con un expediente abierto en abril de 2005, se debía a una reclamación por el derribo de un muro medianero, que no se contestó al tercer requerimiento, el 11 de septiembre de 2006, si bien el caso terminó cerrándose días después, el 26 de septiembre del año pasado.

Respecto al expediente con el Ayuntamiento de Manjarrés, se reclamó en junio de 2005 ampliar información sobre una reclamación de un año antes, junio de 2004, por la posible responsabilidad municipal en los daños causados por el derribo de un muro medianero. El tercer requerimiento se realizó el 11 de enero de 2006 y, también días más tarde, el 27 de enero, se cerró el informe.

También se cita en el informe del Defensor del Pueblo, en esta ocasión como "recordatorio de deber legal" al Ayuntamiento de Ezcaray, al que se recuerda su obligación de resolver un recurso de reposición presentado en materia de contribuciones especiales.

Por último, el informe señala una resolución dictada por el Defensor a un recurso de inconstitucionalidad presentado por una ciudadana contra el artículo 97 de la Ley de Protección de Menores de La Rioja, que, según detalla, se basa en que "supuestamente, introduce una limitación de los procesos de adopción", al incluir criterios valorativos como la edad de los adoptantes.

Esta argumentación se desecha por parte del Defensor, ya que indica que el artículo cuestionado "se limita a establecer que las disposiciones de desarrollo de la Ley habrán de incluir determinadas consideraciones relativas a la edad de los solicitantes, a efectos de la declaración de idoneidad".