Una encuesta de Cáritas La Rioja advierte que el Ingreso Mínimo Vital no ha ayudado a reducir la pobreza en la región

El delegado episcopal de Cáritas La Rioja, José Andrés Pérez, y la responsable de Comunicación Cristiana de Bienes en Cáritas La Rioja
El delegado episcopal de Cáritas La Rioja, José Andrés Pérez, y la responsable de Comunicación Cristiana de Bienes en Cáritas La Rioja - CÁRITAS LA RIOJA
Publicado: martes, 13 julio 2021 13:34

   LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Ingreso Mínimo Vital (IMV) no ha contribuido a reducir la pobreza en la región, según afirman los datos desprendidos de la encuesta sobre el IMV realizada a 518 usuarios de Cáritas La Rioja.

   "Las personas que acuden a nosotros pertenecen a la franja de habitantes que están por debajo del umbral de la pobreza" ha explicado la responsable de Comunicación Cristiana de Bienes en Cáritas La Rioja, Caridad Garijo, "esa franja abarca unos 35 mil riojanos, de los cuales nosotros atendemos a unos 10.500".

   Entre los resultados más sorprendentes de la encuesta, Garijo ha destacado que "el 36 por ciento de las personas que atendemos no han solicitado el IMV", y ha reconocido la necesidad de difusión de información para que los usuarios tengan pleno conocimiento de sus derechos.

   "La mayoría de los que no han presentado la solicitud para el IMV han sido porque no cumplen criterios, unos por encontrarse en una situación irregular, otros por ser mayores de 65 o menores de 25 años, y luego una serie de personas que tienen ciertos trabajos que no les permiten ganar un sueldo mínimo" ha detallado Garijo, y ha anunciado que pretenden ampliar la prestación, especialmente a los jóvenes con familia y personas en situación irregular.

   De las 127 familias usuarias de Cáritas que han obtenido el IMV, Garijo ha explicado que el 20 por ciento "había pasado automáticamente de recibir la renta de ciudadanía al IMV, y el 7 por ciento de nuestras personas siguen cobrando, además del IMV, renta del ciudadano", y ha destacado el positivismo de este dato "en comparación con otras comunidades en las que, en cuanto se percibe el IMV, dejan de prestar la renta de ciudadanía".

   Garijo ha puntualizado como "tan solo 6 personas de todas las encuestadas han afirmado cobrar lo que estipula el decreto ley, el resto cobra menos de lo que les corresponde según ese decreto", ascendiendo la media de esa cantidad no cobrada a 237 euros menos.

   Por otro lado, la responsable de comunicación de este grupo ha querido destacar otro dato sorprendente desprendido de esta encuesta, que visibiliza como "en el momento en que se realizó la encuesta, el 36 por ciento de solicitantes continuaba en situación de espera de estudio", y ha explicado que de entre las modificaciones realizadas por el Gobierno sobre este decreto ley se encuentra la destinada a paliar y reducir ese tiempo de espera a las familias y personas vulnerables.

   Sobre las solicitudes ya resueltas, ha señalado que "al 25 por ciento de los encuestados que han solicitado el IMV les ha sido denegado y a uno de cada cinco de ellos les ha sido resuelta como inadmitida, la mayoría de las veces porque en el 2019 superaron el nivel de renta o bien porque superan el patrimonio por, por ejemplo, tener un terreno en su pueblo no cultivado. Estos criterios restrictivos, actualmente, están dejando fuera a colectivos que precisan la prestación para su subsistencia. No obstante, no contamos en todos los casos con información certera sobre los motivos de la denegación ya que ha sido difícil obtenerla".

   En lo que se refiere al perfil de los demandantes, Garijo ha destacado como "la encuesta también ha dado visibilidad a que la pobreza tiene una cara femenina y una cara infantil", y ha detallado que "el 77 por ciento de las personas que han respondido a nuestra encuesta son mujeres, y cuando nos limitamos a los que reciben el IMV el porcentaje de mujeres se eleva al 83 por ciento".

   Garijo ha anunciado que "desde Cáritas vamos a seguir luchando por conseguir que el IMV se amplíe, por una parte, a las personas que son menores de 25 años pero que tienen familia a su cargo, y a las personas con situación administrativa irregular que les impiden acceder a un contrato de trabajo y, por lo tanto, a regular su situación".

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