(ETA).- Los empresarios afectados por el atentado de Calahorra podrán aplazar un año los pagos a la Seguridad Social

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los empresarios y autónomos afectados por el atentado perpetrado por ETA el pasado viernes en Calahorra podrán aplazar hasta un año los pagos a la Seguridad Social, según informó hoy el delegado del Gobierno en La Rioja, Jose Antonio Ulecia. La medida no supondrá ningún tipo de recargo.

Ulecia ofreció una rueda de prensa acompañado de la subdirectora general de Apoyo y Ayuda a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos. Momentos después, celebró una reunión con el Ayuntamiento de Calahorra para coordinar esfuerzos.

Ante la prensa, Ulecia anunció una medida extraordinaria aprobada hoy por el director general de la Seguridad Social para que empresarios y autónomos aplacen, de forma voluntaria, los pagos a la seguridad social desde marzo de este año y hasta abril de 2009.

Se trata de una medida tomada, según explicó Ulecia, "conscientes de que el atentado puede afectar negativamente al desarrollo de las empresas".

En cuanto al cómputo total de afectados, el delegado del Gobierno indicó que se han recibido, ya, casi seiscientas solicitudes de indemnización. Además del Cuartel General de Calahorra, fueron afectadas dieciocho viviendas (todas menos dos ocupadas), vehículos y "otros enseres".

Todos los afectados, completó Ramos, dispondrán de un instructor asignado para que el trato sea "directo". Además, añadió, existe la posibilidad de que el Ayuntamiento se haga cargo de las obras y, después, el Gobierno central se las abone; o que sea, directamente, el Ministerio del Interior quien la ejecute.

En este sentido, Ulecia explicó que las indemnizaciones "se derivan de las pólizas de seguros", por lo que invitó a los ciudadanos afectados a ponerse en contacto con éstas.

No obstante, añadió, en un caso de terrorismo no es la póliza la que cubre el pago, sino el Gobierno central. Además, en caso de que no haya cobertura, se encarga el Consorcio de Compensación de Seguros y, si este no llega, el Ministerio del Interior con una partida que tiene destinada a este fin.

EL 100% EN VIVIENDA HABITUAL

Conforme a la legislación vigente, el importe de la indemnización llegará al cien por cien de los daños de la vivienda habitual (excluyendo los elementos de lujo). Si no se trata de la vivienda habitual el resarcimiento será de cincuenta por ciento de los daños, y hasta un límite económico de 90.151,82 euros.

Además, cuando sea necesario abandonar temporalmente la vivienda mientras se efectúan las obras se podrá conceder una subvención que contribuya a sufragar el alquiler de la vivienda, aunque no la manutención, con un límite máximo de 1.502,53 euros mensuales por unidad familiar.

También se podrán abonar los gastos de hospedaje, pero no de manutención, en un establecimiento hotelero con un máximo de cobertura de 60.10 euros diarios por persona. En el caso de los establecimientos mercantiles, se abonará a los afectados el cien por ciento de los gastos de reparación con un límite máximo de 90.151,82 euros.

En los vehículos, el resarcimiento comprenderá el importe de los gastos necesarios para su reparación con el límite de 21.035,42 euros.

En todos los casos, la tasación pericial de los daños la hará el Consorcio de Compensación, que depende de Hacienda. Por eso, Ulecia aconsejó que, en el caso de desperfectos pequeños, se proceda ya al arreglo pero, antes, se hagan fotos para dejar pruebas al trabajo pericial.

En cuanto al Cuartel General, Ulecia recordó que está previsto inaugurar el nuevo a finales de este año. No obstante, y para que la Guardia Civil pueda seguir subsistiendo y, sobre todo, funcionen las oficinas, se invertirán 300.000 euros en obras de reparación.

Preguntado por las críticas del alcalde de Calahorra que, entre otras cosas, no está de acuerdo en que la rueda de prensa de hoy fuese en Calahorra consideró que "no es un problema de personalismos, sino de administraciones al servicio de los afectados". Además, calificó las relaciones entre los Gobiernos central y regional de "intensas y fluidas".