La Junta de Secretarios Judiciales considera "inviable" la nueva Oficina Judicial por "falta de medios"

LOGROÑO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Secretarios Judiciales de La Rioja consideró hoy "inviable" la implantación en la comunidad de la nueva Oficina Judicial "en los términos planteados por el Ministerio", debido a la "falta de medios" tanto humanos como materiales para ello, entre otras razones.

Según apunta este organismo en un comunicado, el modelo de Oficina Judicial que recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial "es adecuada para la finalidad que pretende y la Junta de Secretarios Judiciales la apoya totalmente y sin ningún género de dudas". Sin embargo, la nueva Oficina Judicial que pretende implantar el Ministerio de Justicia en Logroño, "en los términos en que se está planteando es totalmente inviable como también se ha manifestado públicamente por la Junta de Jueces de Logroño".

Como primera de las razones que se aducen está que "los edificios no se encuentran adaptados y no existe espacio material para albergar las nuevas oficinas; los medios y programas informáticos de los que se dispone actualmente no son adecuados ni están en condiciones de ofrecer un funcionamiento completo a las nuevas necesidades".

Además, señalan que, "por parte del Ministerio de Justicia no se ha analizado el volumen real de trabajo que va a asumir cada Unidad Procesal de Apoyo Directo (UPAD) y cada Servicio Común (SC) a fin de poder determinar los puestos de trabajo de forma adecuada, ya que el Ministerio la ha desarrollado de forma precipitada, unilateral y de espaldas a todos los operadores jurídicos, especialmente, de espalda a los Jueces, Secretarios Judiciales y Funcionarios de Logroño".

En este sentido, detalla que "aún no se han determinado los funcionarios que van a quedar afectados por la nueva Oficina ni se les ha proporcionado la formación adecuada" y subraya que la relación de puestos de trabajo que figuran en el borrador de Justicia "hace una distribución de los funcionarios totalmente inadecuada y fuera de lugar: asigna funcionarios donde no son necesarios y donde verdaderamente hacen falta, no se asignan".

Por ejemplo, indica que "a las UPAD asigna 59 funcionarios, al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (que ha de tramitar todos los expedientes de todas las jurisdicciones y de todos los órdenes), 40 funcionarios y al Servicio Común de Ejecución (que ha de ejecutar todas las resoluciones de todas las jurisdicciones y de todos los órdenes), 52 funcionarios".

A su juicio, "estando pendiente la transferencia de las competencias en materia de Justicia a la Comunidad Autónoma de La Rioja, la nueva Oficina para Logroño la está realizando el Ministerio de Justicia a espaldas de la Comunidad Autónoma, cuando desde todo punto de vista lo adecuado y aconsejable es que la implantación sea coordinada con el proceso de transferencias en materia de Justicia a La Rioja".

Señala, por último, que "ningún funcionario de Logroño conoce cuál va a ser su nuevo destino; faltan los protocolos de actuación previstos en la LOPJ; y que el Ministerio de Justicia "no ha previsto un régimen transitorio para "pasar" de las actuales Secretarías Judiciales a la Nueva Oficina Judicial, lo que va a desencadenar un auténtico caos".

Frente a esta situación, la Junta General de Secretarios Judiciales de La Rioja "propugna una implantación de la nueva Oficina progresiva, con previsión anticipada de espacios físicos, medios personales y materiales para cada uno de los Servicios a desplegar; con audiencia a todos los operadores jurídicos y, dada la futura transferencia de competencias en materia de Justicia a la CCAA, del Gobierno de La Rioja".

Por todo ello, declina "cualquier responsabilidad en las consecuencias de la implantación de la nueva Oficina que pretende el Ministerio de Justicia y así lo comunica con casi tres meses de antelación a la sociedad riojana, al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, a la Fiscalía del TSJ de La Rioja, al Instituto de Medicina Legal de La Rioja, a los Colegios de Abogados, Graduados Sociales y Procuradores de La Rioja y a los medios de comunicación para su difusión y opinión pública".