El Parlamento rechaza paralizar la privatización del Servicio de Lavandería y el PP insiste en que será beneficiosa

LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento riojano rechazó hoy, con los votos del Partido Popular, una proposición no de ley del Partido Socialista en la que solicitaba paralizar la privatización del Servicio de Lavandería del Servicio Riojano de Salud. Desde el PP, Alberto Olarte insistió en que será "beneficiosa para todos los riojanos".

La Cámara riojana celebró hoy el orden del día aplazado en el último pleno, que fue suspendido después de que la diputada socialista Inmaculada Ortega se negara a abandonar el hemiciclo tras ser expulsada por el presidente, Jose Ignacio Ceniceros, al que acusó de actuar "de parte".

La proposición no de ley sobre el Servicio de Lavandería fue la única en la que se respiró cierta tensión. El Pleno transcurrió sin incidentes, aunque sí con el recuerdo, en varias ocasiones, de Ortega por parte de los diputados socialistas.

De hecho, al comienzo del pleno, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Martínez Aldama, colocó una rosa y una Constitución en la mesa vacía de Ortega.

Aldama, además, fue el primero en intervenir en la sesión para solicitar que se retirara del acta del pleno anterior la acusación del diputado 'popular' Emilio del Río al fiscal jefe, Juan Calparsoro, de ser amigo de los socialistas y actuar sólo cuando éstos se lo piden.

Ceniceros entendió que "nadie se ha sentido ofendido" con estas palabras y que, como del Río no hacía ademán de retirarlas, permanecerían en el acta de sesión. El socialista también aprovechó su intervención para calificar de "injusta" la sanción de Ortega que en esta sesión, dijo, estaba "representaba por los otros trece diputados socialistas".

Prosiguió el pleno con una interpelación socialista relativa a la política de vivienda. El diputado Francisco Javier Rodríguez Peña acusó al Gobierno riojano de "aumentar el valor del suelo y crear un modelo al calor del convencimiento de que el mercado lo regula todo".

El consejero de Vivienda, Antonino Burgos, ensalzó la hipoteca joven y el hecho de que las ayudas estén ligadas al esfuerzo económico como excepcionalidades de la política riojana.

Rodríguez Peña también le había acusado de comprar suelo para construir un gueto fuera de la ciudad, en la Ecociudad, "a más gloria de unos particulares"; algo ante lo que Burgos dijo que sólo el dato de que el noventa por ciento de las viviendas serán de protección es "suficiente para defender" la Ecociudad.

A continuación, desde el PSOE, Cristina Cabañas defendió ampliar el servicio de comedor a todos los días del curso escolar; algo que no se aprobó porque, según explicó el 'popular' Jose Miguel Crespo, "llega tarde" porque la Consejería ya lo ha incluido en el nuevo expediente.

Después, mientras en la calle trabajadores del SERIS, convocados por los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad, exigían el fin de las privatizaciones, el socialista Pablo Rubio salió a defender una proposición para paralizar la privatización de Lavandería, afirmando dedicarla a los 21 celadores "que desde hoy no tienen trabajo" por este hecho. Punto que contó con el aplauso del resto de socialistas.

Con cierta tensión alrededor de su defensa, ya que Rubio pidió, varias veces, al consejero de Salud y a los 'populares' respeto y silencio, el socialista aseguró que el servicio costará un millón de euros más mientras se pierden puestos de trabajo y condiciones laborales.

El regionalista Miguel González de Legarra apoyó este punto, alegando que "no tiene sentido privatizar un servicio que está funcionando". La proposición, sin embargo, no se aprobó porque, según el PP, en palabras de Pablo Olarte, el servicio costará menos y "todos los trabajadores que quieran tendrán el mismo puesto de trabajo y con las condiciones del convenio de lavanderías".

El pleno acabó con la aprobación de una proposición del Grupo Parlamentario Mixto (PR) para que el Gobierno de La Rioja traslade al de España la necesidad de prolongar la liberalización de la AP-68 a San Asensio, renunciando a construir la variante de Fuenmayor.

La proposición se aprobó con la incredulidad del propio regionalista que la defendió, Miguel González de Legarra, después de que los socialistas advirtieran que no podían apoyarla por no ser "técnicamente posible". Al abstenerse éstos y también los 'populares', los dos votos del PR aprobaron la proposición.