Foto: EUROPA PRESS
El juicio contra esta causa tendrá lugar el próximo martes, 8 de abril Además, también solicitan que el acusado indemnice a la familia de la víctima en la cantidad que se determine en el juicio oral
LOGROÑO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Fiscal solicita la pena de dos años y seis meses de prisión para un empresario acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de homicidio por imprudencia grave al no hacer caso a las recomendaciones expresas para incrementar la seguridad en caso de emergencias en la empresa para la que trabajaba y en la que, a consecuencia de un incendio, murió una de sus empleadas.
Según el escrito del Fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, R.L.A., es el representante legal de la empresa Ricardo Lahera S.A., ubicada en Alesón, que se dedica a la elaboración de patatas fritas y otras variedades utilizando aceites alimenticios a altas temperaturas. El cargo directivo que ocupa le vincula diariamente en la actividad empresarial.
Uno de los riesgos más graves relacionados con dicha actividad diaria era la posibilidad de incendios y, de hecho, como relata el Fiscal, los bomberos tuvieron que acudir a la empresa en más de una ocasión.
En esta línea, diferentes servicios de prevenciones pusieron de manifiesto el riesgo de incendio calificándose como "alto, probable y grave" y se hicieron recomendaciones expresas para cumplir el Reglamento de Seguridad contra incendios industriales así como la ejecución de un llamado 'Plan de actuación en caso de emergencia'.
Pese a lo anterior, "no consta que la empresa gestionada por el acusado" haya llevado a cabo ninguna de las recomendaciones y, esas carencias organizativas, tampoco estaban compensadas con una adecuada formación a los trabajadores.
Sobre esta base, el pasado 15 de septiembre de 2010, se produjo una combustión generándose rápidamente llamas y gran cantidad de humo. A consecuencia de este hecho, una trabajadora falleció al intentar salir de la empresa. Mientras el fuego se extendía, la empleada se encontró ajena a lo que estaba sucediendo porque no se hizo sonar ninguna alarma o sirena que pudiera ser oída en la fábrica.
Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores y un delito de homicidio por imprudencia grave por los que pide la pena de dos años y seis meses de prisión. El acusado, además, deberá indemnizar a los padres de la fallecida en la cantidad que se determine en el juicio oral.
