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LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño defenderá en el pleno ordinario de este jueves, 9 de abril, una moción para implantar un sistema objetivo de actualización anual del precio máximo de la vivienda de protección oficial (VPO) y establecer mecanismos que protejan el suelo público frente a incrementos repentinos del módulo.
Esta iniciativa se plantea después de que el Partido Riojano "denunciara la pérdida de aproximadamente 700.000 euros para las arcas municipales tras la venta de seis parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo, valoradas con un módulo que fue incrementado un 20 por ciento apenas dos meses después por el Gobierno de La Rioja".
El portavoz regionalista, Rubén Antoñanzas, ha recordado que "esta operación ha ido claramente en contra de los intereses del Ayuntamiento de Logroño y de la ciudadanía logroñesa, al haberse vendido suelo público barato para construir vivienda más cara".
La moción plantea establecer cláusulas de salvaguarda en los pliegos de condiciones de futuras licitaciones de suelo municipal destinado a vivienda protegida, con el objetivo de compensar posibles pérdidas económicas en caso de subidas imprevistas del módulo y garantizar una mejor defensa de los recursos públicos.
El edil riojanista ha explicado que La Rioja carece actualmente de un sistema automático de revisión de precios, a diferencia de otras comunidades autónomas, por lo que ha considerado necesario que el Gobierno riojano actualice anualmente el precio de la VPO con criterios objetivos que eviten incrementos bruscos. En este sentido, ha recordado que comunidades como Madrid, actualizan anualmente el módulo de acuerdo al IPC, mientras que regiones como Castilla-La Mancha emplean un modelo mixto de cálculo que revisan también cada año.
Al respecto, ha destacado que "el PP ha incrementado la vivienda protegida un 73 por ciento desde que está gobernando, mientras que la vivienda libre ha aumentado un 28 por ciento en el mismo periodo". También ha indicado que "el propio Gobierno autonómico ha reconocido que la VPO es un 40 por ciento más barata que la vivienda nueva, lo que hace aún más necesario establecer reglas claras en la fijación de los precios".
Para Antoñanzas, "es imprescindible que podamos garantizar a los jóvenes y familias el acceso a una vivienda asequible, a través de un sistema equilibrado, transparente y que proteja el interés público".