El PSOE denuncia por vía administrativa al exgerente del SERIS por incumplimiento de dedicación exclusiva y ocultación

Archivo - La diputada del PSOE María Somalo

- Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

   LOGROÑO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Partido Socialista ha iniciado dos denunciadas por vía administrativa contra el ahora exgerente del SERIS, Jesús Álvarez, por incumplimiento del deber de dedicación exclusiva y ocultación de datos.

   En rueda de prensa, la diputada del Partido Socialista María Somalo ha informado de que este partido ha interpuesto dos denuncias en la Inspección de Servicios de la Dirección General de Función Pública y en la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

   Para Somalo, está "clarísimo" que Álvarez ha cometido "escandalosas irregularidades" en contra de la Ley de Incompatibilidades, y en virtud de la orden que establece que alto cargo es todo aquel que ostente una gerencia.

   Álvarez, anestesista, ha relatado la diputada, cobró una retribución añadida por realizar actividad médica mientras era gerente del Servicio Riojano Salud (SERIS).

   "Resulta incuestionable, es más, ni el gobierno ni el propio Álvarez lo han cuestionado que el puesto de gerente del SERIS es de alto cargo del Ejecutivo Riojano y tiene esa consideración porque así lo dispone la Ley de Incompatibilidades", ha aseverado. Ha sumado que, además, cobró una "altísima retribución".

   Desde el Gobierno de La Rioja, ha señalado, se está pretendiendo "confundir" entre lo que supone ser un alto cargo y un cargo directivo de alta dirección.

   Además, ha dicho, a pesar de la petición de este partido, "no se ha remitido" la documentación en la que se especifica la retribución que ha recibido el exgerente.

   Y es que, ha indicado, "las retribuciones que ha percibido en ningún momento han sido declaradas" por el propio exgerente, como es su obligación según resolución de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de La Rioja.

FALTA "MUY GRAVE"

   Ante la "manifiesta ilegalidad", el Partido Socialista ha registrado dos denuncias, una ante la Inspección de Servicios de la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de La Rioja y otra ante la Intervención General de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

   Son, ha dicho, los dos órganos a los que se acude para agotar la vía administrativa previa a, en su caso, un procedimiento judicial y el exgerente se enfrenta, ha afirmado, a dos faltas "muy graves".

   Por un lado, "el incumplimiento del deber de dedicación exclusiva que viene establecido en la ley y que tienen todos los altos cargos del gobierno y asimilados".

   Por otro lado, la falsedad u ocultación de los datos de trascendencia económica que deban ser incluidos en las declaraciones que se presenten en el registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses del Gobierno de La Rioja.

   Además, el exgerente se enfrenta estas infracciones, ha dicho, tanto como alto cargo como en su condición de personal estatutario.

   Por su primera función, se contempla la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público cuyo nombramiento corresponda al Consejo de Gobierno por un espacio de diez años; la obligación de devolver aquellas retribuciones que hayan sido indebidamente percibidas; así como el cese inmediato en cualquier cargo que pudiera estar ostentando en el momento en que se declare esa incompatibilidad.

   Como personal estatutario se enfrentaría a la pérdida de la condición de personal estatutario, o funcionario; o una suspensión de funciones, es decir, de empleo y sueldo, de hasta seis años de duración.

   Por último, la socialista ha entendido que, desde el Gobierno de La Rioja, se está haciendo un "traje a medida" al exgerente, dado que, mediante un decreto, se modificó la estructura de la gerencia del SERIS incorporando un nuevo puesto para Álvarez, como es el de gerente de Asistencia Hospitalaria.

VÍA PENAL

   Las denuncias, ha informado, se han interpuesto hoy y, desde la Administración, se dispone de un plazo de seis meses tras la incoación del expediente.

   La Administración "tiene la obligación de resolver expresamente todo tipo de denuncias", aunque "también puede ser que no responda, en cuyo caso, se entenderá que la denuncia está desestimada por silencio administrativo".

   La Inspección de Servicios de la Dirección General de Función Pública está habilitada para, si se ven indicios de un delito penal, trasladar a la Fiscalía las actuaciones.

   Por otro lado, Somalo ha explicado que si el expediente se resuelve afirmando que no hay ningún tipo de incompatibilidad, "lo primero" que hará el PSOE es acudir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

   "La clave está en si ha habido incompatibilidad en alto cargo y, a partir de ahí, se derivan el resto de responsabilidades", ha resaltado.

   De este modo, "si está claro o un juzgado de lo Contencioso-Administrativo dice que efectivamente ha habido una situación clara de incompatibilidad y sanciona al gerente del SERIS habrá una base importante para acudir, o bien a la Fiscalía o bien a la vía penal, para las responsabilidades penales".