LOGROÑO, 20 (EUROPA PRESS)
La autoridad judicial ha decidido suspender el desahucio previsto para este lunes de una mujer y su hijo en la calle Segundo Arce, número 16, de Logroño, y aplazarlo hasta el próximo 29 de mayo a las 12,30 horas, al ser vivienda habitual de la afectada.
Tiempo que tendrán también los abogados de la mujer afectada para que se admita un informe de vulnerabilidad que, a pesar de haber sido entregado, no se había acogido en el procedimiento judicial.
Hasta ese momento, además, las partes podrán seguir negociando una posible solución a la situación.
Así ha terminado la jornada que se ha vivido hoy a las puertas de la vivienda de esta mujer y su hijo y hasta donde han acudido miembros del Sindicato de Vivienda de La Rioja para mostrar su rechazo a este procedimiento.
El portavoz de la plataforma, Álvaro Marqués, aseguraba minutos antes de comunicar la paralización que "cualquier desahucio es injustificado pero éste, además, es mucho más extraño porque se va a echar a una madre por su hijo por haber pagado todo, todas las rentas y absolutamente todo lo que se les pidió".
Marqués ha considerado esta decisión "una pequeña victoria de la que nos sentimos muy orgullosos". Aún así asegura que seguirán "estando pendientes de esta situación" para darles todo el apoyo, negociación y acompañamiento que necesite.
Ha agradecido que, al menos por hoy, se "bloquee esta injusticia" aunque, como ha indicado, "estamos tristes porque el desahucio sigue adelante". Aún así, indica, "hemos demostrado que no nos vamos a quedar con brazos cruzados".
APOYO DE LA CIUDADANÍA
Para apoyar a la familia afectada, desde el Sindicato de Vivienda habían hecho un llamamiento a través de los medios y redes sociales para acompañarles en el proceso. Minutos antes de las 12,00 horas, momento en el que estaba previsto, ha comenzado a llegar al portal de la vivienda un nutrido grupo de personas para mostrar su inconformidad.
Poco a poco se han ido colocando todos frente al portal para mostrar su apoyo a la mujer que se encontraba en el interior de su vivienda. Como ha destacado, la mujer afectada ya había procedido a retirar todas sus pertenencias de la vivienda. Tras el acto judicial, la mujer, que no tiene una alternativa habitacional, ha tenido que ser atendida por los profesionales sanitarios al verse "sobrecargada", tal y como han indicado desde el sindicato.
Marqués ha lamentado esta situación que "solo demuestra la inmunidad que tienen los fondos buitre dentro de La Rioja y de España para maltratar y amenazar a sus inquilinas".
Una situación que, como ha dicho, no solo afecta a esta inquilina sino al edificio entero. A su juicio, con el caso de hoy en Logroño se vuelve a poner de relieve "que las medidas de los gobiernos no funcionan sino que demuestran más bien una cierta complicidad". También ha criticado "la falta de parcialidad por parte de los Juzgados".
"SUPUESTO IMPAGO"
Desde el sindicato recuerdan que esta situación se remonta al año 2022 cuando se alegó un embargo a la inquilina "por un supuesto impago" a pesar de que "tienen evidencia física de los contratos y burofax al respecto, que no fueron aceptados ni avalados por los jueces".
Es decir, "lo que ocurre aquí es la falta de inmunidad por parte de los fondos buitres y grandes propietarios" a lo que se suman "las amenazas que han recibido" y, por último, "la complicidad, con todo el respeto, por parte del sistema penitencial y jurídico".
También ha asegurado que otros vecinos han vivido "momentos, tratos y juicios con la empresa complicados, el edificio en general se quiere vaciar". Esto es "una muestra más de que las viviendas no están para que la gente viva en ellas, sino para especular con ellas dentro del mercado inmobiliario".
Según consideran desde el sindicato, lo más probable es que el fondo buitre "quiera vender sus activos para conseguir planes de ayuda del Gobierno que están dentro de los planes de Vivienda, en donde al ser vendidas como vivienda asequibles tienen unos ciertos ingresos ya por parte del Gobierno asegurados, más la mitad de lo que queda de diferencia del precio de mercado".
Es, en definitiva, "una forma de asegurar y también de especular. Una forma de querer asegurarse beneficios y al mismo tiempo también muestra que no se les ofreció ni a la inquilina y a los demás vecinos del edificio la posibilidad de compraventa de este edificio. Así que cuanto menos es sospechoso".
Lo más probable, prosigue Marqués, es que quieran vender sus activos para convertirlo en vivienda asequible "que paradójicamente implica echar a la gente que está viviendo aquí".
Finalmente desde el sindicato también han querido agradecer la presencia de todas las personas que han acudido hasta el portal para mostrar su rechazo al desahucio. "Que haya viviendas vacías y gente en la calle nos parece deleznable, y ahora una madre y su hijo, a pesar de haber pagado todo. No hay justificación aún dentro de los márgenes del mercado y de la legalidad".
FONDO DE INVERSIÓN
La afectada reside en una vivienda propiedad del fondo de inversión Témpore Properties SOCIMI S.A. (perteneciente a la SAREB) con un contrato a siete años desde el año 2021. El sindicato denuncia un historial de acoso inmobiliario ejecutado por agentes de la compañía para forzar la salida de la inquilina. "Han usado tácticas mafiosas, desde obligarla a firmar renovaciones de contrato, amenazas de intervención policial y hasta inventarse deudas que ya estaban pagadas", explican desde el SVLR.
De hecho, el procedimiento actual nace de un supuesto impago de dos meses en 2022 que fue en realidad "una compensación económica pactada con la propia empresa, pero que Témpore utilizó para judicializar el caso".
El papel de la justicia riojana es el centro de las críticas del Sindicato. Según critican, el juzgado "no solicitó el informe de vulnerabilidad preceptivo en ningún momento del proceso, que se ha alargado cuatro años de forma inexplicable".
"Es indignante que un juez, a fecha de hoy y tras presentarle pruebas de que la familia es vulnerable y está al corriente de pago, se niegue a parar el desahucio. Se les está privando de todos sus derechos".
La situación "es tan surrealista que la empresa llegó a reducir la deuda reclamada en pleno juicio al no poder sostener sus propias mentiras contables".
Desde el Sindicato vinculan este desahucio con una estrategia especulativa de mayor escala. "Témpore necesita vaciar el edificio de inquilinos para poder vender los activos o acceder a las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda Asequible".