Archivo - Interior del edificio TorreTriana, sede de varias consejerías de la Junta de Andalucía. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
SEVILLA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía pretende que el edificio de Torretriana, ubicado en Sevilla y donde "prestan servicio aproximadamente 1.800 empleados públicos", cuente con unas máquinas expendedoras de comida y bebida que desde la administración andaluza entienden que mejorarían la "eficiencia" laboral de dicho centro, además de que atenderían una demanda que justificaría esta iniciativa.
Así se desprende de la memoria justificativa, consultada por Europa Press, vinculada a esta iniciativa para la "contratación de la concesión del servicio de instalación, explotación y mantenimiento de máquinas expendedoras de bebidas y productos alimenticios en el edificio administrativo Torretriana", ubicado en la calle Juan Antonio de Vizarrón de Sevilla.
Este centro sirve de sede de los Servicios Centrales de varias consejerías de la Junta de Andalucía, y su gestión es competencia de la de Hacienda, según se detalla en esta memoria justificativa, en la que se precisa que en el edificio de Torretriana "prestan servicio aproximadamente 1.800 empleados públicos", a los que hay sumar 70 personas del "resto de personal de servicio que trabaja en él". Además, se estima que este centro recibe a diario la afluencia de unas 300 personas entre "acompañantes o visitantes autorizados".
Desde la Consejería de Hacienda entienden que "se hace necesario que el personal que desarrolla sus tareas en la sede" de Torretriana "cuente con máquinas expendedoras de bebidas y productos alimenticios", ya que desarrollan su jornada laboral ordinaria entre las 7,30 y las 15,30 horas de lunes a viernes, así como cuatro días en horario de tarde también, desde las 16,00 a las 20,00 horas.
JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La memoria con la que la Junta viene a justificar esta concesión expone que "los locales comerciales que permiten al personal que presta servicios en este edificio adquirir los citados productos y otros de similares características se encuentran abiertos sólo en horario de mañana, y los que abren durante la tarde están en el centro comercial adyacente Torre Sevilla".
"Esto supone que, para tomar un aperitivo o tentempié, un empleado público tendría que dejar sus quehaceres y desplazarse entre 500 y 1.000 metros, con el coste de tiempo que supone, considerando, además del desplazamiento, el tiempo que necesite para adquirir los productos que vaya a consumir", se puede leer en esta memoria justificativa, que al respecto sostiene que "este empleo de recursos se reduce significativamente teniendo en el edificio este tipo de máquinas, contribuyendo de una forma significativa a la eficiencia en el trabajo del personal".
De esta manera, desde la Consejería de Hacienda indican que con la instalación de estas máquinas expendedoras "se persigue, por tanto, satisfacer una finalidad pública de prestación de servicio dentro de las dependencias del edificio Torretriana, sede de varias consejerías, como es atender la demanda de bebidas y productos sólidos de fácil consumo, por parte de los funcionarios que prestan servicios en el citado edificio, así como de otros funcionarios que se desplacen al mismo por necesidades de servicio".
"Con este contrato se atendería de forma directa la demanda de alimentos y bebidas del personal que desarrolla sus tareas en esta sede administrativa, facilitando el cumplimiento de su jornada laboral y consiguiendo una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de sus servicios", inciden desde la Consejería de Hacienda para justificar esta contratación.
CONTRATO PARA DOS AÑOS CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGAS
De este modo, el "objeto del contrato" que se busca formalizar "será la instalación, explotación y mantenimiento de máquinas expendedoras de bebidas y productos alimenticios en el edificio administrativo Torretriana", y tendría "un plazo de ejecución de 24 meses, comenzando el 3 de julio de 2026 y finalizando el 2 de julio de 2028, salvo que la formalización del contrato tenga lugar en un momento posterior al 3 de julio de 2026, en cuyo caso se tomará como fecha de inicio de la prestación del servicio la de la firma del contrato".
Se contempla que el contrato pueda "ser objeto de prórrogas anuales por un periodo de doce meses cada una, hasta un total de 36 meses", según abunda la misma memoria justificativa, que precisa también que este contrato "no comporta ningún gasto para la Administración, pues no se llevará a cabo ningún pago económico por la prestación del servicio, a excepción de los de electricidad y consumo de agua necesarios para el funcionamiento de las máquinas".
De este modo, el presupuesto base de licitación, "entendiendo por tal el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), tal y como queda definido en el artículo 100 de la Ley de Contratos del Sector Público, es de cero euros".
De acuerdo con lo establecido en el artículo 289 de la citada ley, "el concesionario tendrá derecho a una retribución fijada en función de la utilización de los servicios que percibirá directamente de los usuarios, la cual se denomina 'tarifa' y tiene la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario".
"La tarifa no podrá exceder de los precios indicados por el adjudicatario conforme a los valores presentados en su propuesta, y en ningún caso, de los precios máximos establecidos en el Anexo A del Pliego de Prescripciones Técnicas" vinculado a este contrato, según detalla la misma memoria justificativa, que aclara así que el "valor estimado" del contrato "se corresponde con el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir" el IVA, que según las estimaciones realizadas por la Consejería de Hacienda "generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estos servicios".
De este modo, el "valor estimado del contrato coincide con los ingresos obtenidos como contraprestación de la gestión del servicio, esto es, la retribución total que el concesionario reciba de los usuarios finales del servicio (tarifa), que, según estimaciones para el periodo contractual previsto de 24 meses, prorrogables por otros 36 meses adicionales, sería de 352.625 euros", concluye la memoria justificativa de esta iniciativa en la que trabaja la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.