El Tribunal Constitucional resuelve que la exconsejera de Igualdad no podía ser expulsada del Grupo Mixto

Archivo - La exconsejera de Igualdad de La Rioja, Raquel Romero,en una sesión del Parlamento riojano

- Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

   LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Tribunal Constitucional ha resuelto que la exconsejera de Igualdad, entre 2019 y 2023, Raquel Romero, no podía ser expulsada del Grupo Mixto. Los jueces, según información de 'eldiario.es' en La Rioja, anulan la decisión del Parlamento que convirtió en diputada no adscrita a Romero por haberse dado de baja en Podemos, la candidatura que encabezó ese 2019 en las autonómicas.

   Los magistrado se basan en lo que ya dijeron cuando dieron la razón a Teresa Rodríguez y otros diputados andaluces expulsados del grupo de Adelante Andalucía: no se puede confundir el partido político con el grupo parlamentario.

   Romero encabezó en 2019 la lista autonómica de Podemos-Equo-Izquierda Unida. Una lista que consiguió dos representantes en el Parlamento de La Rioja: Raquel Romero (Podemos) y Henar Moreno (IU). Podemos, ha recordado 'eldiario.es' en La Rioja, se desmarcó rápidamente de Romero y sus exigencias provocaron la dimisión de varios altos cargos del partido en la región. Romero fue finalmente nombrada consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos. Ella y Henar Moreno, a nivel parlamentario, pasaron a formar parte del grupo mixto en la cámara regional.

   El partido terminó por expulsar a Romero de sus filas en marzo de 2022 entre acusaciones de negarse a donar parte de su salario al partido. Posteriormente, la Mesa de la cámara expulsó a la todavía consejera del grupo mixto, quedando relegada a la condición de diputada no adscrita. Con consecuencias como, por ejemplo, perder el derecho a tener asesores y a algunos recursos materiales del Parlamento.

   Romero dejó la política en 2023, cuando anunció que no volvería a presentarse por ninguna candidatura a las elecciones de ese año. Pero para entonces sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional ya estaban en marcha y la sala segunda de la corte de garantías, según ha sabido elDiario.es en La Rioja, acaba de darle la razón: la decisión de considerarla diputada no adscrita vulneró su derecho a ejercer un cargo público, aunque sin efectos prácticos. Esa legislatura terminó hace más de dos años.