LOGROÑO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
UGT emitió hoy un comunicado en el que asegura que, en La Rioja, la entrada en vigor de la Ley de Dependencia "no discurre paralela a la ampliación y cobertura de los derechos sociales que genera la Norma". Derechos como el acceso a una plaza residencial pública para una persona dependiente "no se están cumpliendo ante la escasez de plazas públicas de la que adolece la red residencial riojana", apunta el sindicato.
En los últimos días, la consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, ha hecho públicas numerosas iniciativas en este área, dirigidas a aumentar la oferta de plazas residenciales. Sin embargo, el sindicato critica que "todos los incrementos se han producido mediante la concertación de plazas con residencias privadas, lo que sigue sin resolver el problema de fondo: el preocupante déficit de residencias públicas en La Rioja".
"Este tipo de residencias garantizarían que la cobertura de la dependencia no se convierta en un negocio para la iniciativa privada, señala UGT. Por ello considera que la consejera "está maquillando y ocultando las graves carencias en este área, tratando de realizar una campaña de publicidad que desvíe los verdaderos problemas; y todo ello, una vez más, a costa de la promoción de la iniciativa privada".
En la actualidad, La Rioja sólo cuenta con 433 plazas en centros residenciales de personas mayores, con gestión y titularidad pública. Una cifra que a UGT le parece "ridícula" para la atención de las personas dependientes en La Rioja y "escandalosa si tenemos en cuenta que sólo supone el 18% del total de plazas residenciales de La Rioja (el resto o son concertadas o privadas)".
"Así las cosas, para suplir las carencias de plazas residenciales públicas, la Consejería se limita a ofrecer una prestación económica a las personas dependientes, obviando que la Ley de Dependencia debe traducirse en un incremento del Estado de Bienestar a través del incremento de servicios, en lugar de convertirse en un negocio para las residencias privadas", critican.
La Ley reconoce la sustitución de un servicio por una prestación económica, siempre que sea una medida excepcional y no habitual, ya que "se corre el riesgo de que la ley se convierta en una paga para los usuarios y no ofrezca soluciones reales para los dependientes y sus familiares".
En este sentido, UGT exige la ampliación urgente del número de plazas residenciales de titularidad y gestión pública y "solucionar el verdadero problema de La Rioja, en lugar de seguir haciendo publicidad de medidas ineficaces y vacías de contenido".
Por otro lado, el Consejo territorial, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, debe ser quien defina los criterios mínimos para la acreditación de los centros, servicios y entidades. Entre estos criterios se debe definir el ratio de personal por centro, tanto públicos como concertados. En este sentido, UGT solicita "que se realice la distinción de los ratios exigidos en función del nivel de grado de dependencia en vez de tomarse exclusivamente en cuenta el número de usuarios". "La calidad del servicio será directamente proporcional a la calidad del empleo y la profesionalidad del personal", advierten.
