LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de USO La Rioja, Javier Martínez Miguel, denunció hoy "el derroche" que suponen "las subvenciones concedidas a la Fundación Privada Tribunal Laboral" por parte del Gobierno regional, después de un estudio sobre los costes de este servicio "para las arcas públcias", por lo que solicitó "su supresión".
En su comparecencia ante los medios de comunicación, Martínez Miguel indicó que, según los datos que constan en las memorias económicas y de actividades presentadas por la Fundación ante el Protectorado de Fundaciones de la Comunidad Autónoma, órgano dependiente de la Dirección General de Justicia e Interior, tras 13 años de subvenciones, las aportaciones totales han sido de 3,42 millones de euros.
Esto, apuntó supone "un gasto medio anual 263.795,77 euros", a lo que sumó que, en 2008, la actividad de esta Fundación Privada, se concreta en 603 actuaciones, y en 397 en el año 2007. La Unidad de Mediación, Arbitraje, y Conciliación (UMAC), perteneciente a la Dirección General de Trabajo, Industria, y Comercio, atendió durante el año pasado 3.310 actuaciones, y en el año 2007, fueron 2.361 las actuaciones afrontadas.
De acuerdo con sus datos, el gasto directo medio por cada acción de la Fundación Privada Tribunal Laboral, asciende a más de 300 euros, de acuerdo con los datos de USO, "concretamente a 329,28 euros en 2008, y a 336,53 euros en 2007".
"Esta Fundación, mal llamada privada, únicamente puede continuar con su escasa actividad gracias al dinero público que le inyecta el Gobierno regional, y no al dinero que debieran aportar sus miembros creadores, es decir UGT. CC.OO. y FER, y que por supuesto no lo aportan", aseguró Martínez Miguel.
Incidió en que "únicamente se observa en la contabilidad de la Fundación una aportación de esas tres instituciones, excluyentes y sectarias, en el año 2004, para ampliar el fondo dotacional o fundacional y de esta manera quedar éste constituido por un 50% del dinero aportado en su creación en el año 1996 por el Gobierno de La Rioja, y un 25% la FER, y el 25% restante los dos sindicatos ya mencionados, con lo que lograron la calificación de fundación privada".
A su juicio, "esta situación es de una verdadera carga para los presupuestos regionales, totalmente prescindible, porque los trabajadores y trabajadoras riojanas cuentan con el servicio público que ofrece el UMAC, y que con los datos ya expuestos, reflejan claramente que es el órgano por el cual se inclinan, ya que es rápido, ágil, y eficiente".
Así, calculó que "por cada vez que se acude a los servicios de la Fundación Privada Tribunal Laboral, se acude cinco veces y media a los servicios del UMAC; la actividad que realiza la Fundación Privada Tribunal Laboral en el año 2008 es el 18,22% del total de la realizada por el UMAC, y el 16,81% en 2007".
El dirigente sindical recalcó que "en 2008, el UMAC ha afrontado más actuaciones que en los primeros diez años de la Fundación Privada Tribunal Laboral, y casi más que en los trece años de existencia de la misma". "Todo lo cual -dijo-, viene a reflejar la insensatez de la duplicación de ciertos servicios públicos, que no tienen demanda, y que no son otra cosa que creaciones para recolectar dinero público".
Por ello, solicitó al Gobierno riojano que "finalice con este sostenimiento de una entidad, repetimos sectaria y excluyente desde su creación, deficitaria, de escasa actividad, y totalmente innecesaria para la población riojana, porque es un servicio al que se tiene acceso a través del UMAC; ahora que se están cocinando los presupuestos del año 2010, pedimos que se supriman o se dediquen a otras entidades, u otros menesteres como por ejemplo reforzar la plantilla del propio UMAC".
Aseguró que "no vamos a cejar en esta petición, porque entendemos que es de justicia que el dinero de toda la sociedad riojana sea utilizado con mayor sentido común y no como pago de la mal llamada paz social, que no deja de ser un consenso forzado para poder seguir con las enormes estructuras de las organizaciones beneficiadas, mientras que los trabajadores y trabajadoras riojanas no logran con ello ninguna mejora en sus condiciones".
