Vivienda programará e intensificará las inspecciones a viviendas de protección a partir del 1 de enero de 2010

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Antonino Burgos, anunció hoy que el Gobierno riojano programará e intensificará las inspecciones a viviendas de protección, a partir del 1 de enero de 2010, con el fin de que se cumplan todos los objetivos por los que fueron creadas.

Burgos ofreció una rueda de prensa, junto a la directora general de vivienda, Marian Ortigosa, para presentar el I Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2010-2011.

El consejero subrayó que la puesta en marcha de este plan no implica que, hasta ahora, no se hayan hecho inspecciones, sino que éstas se hacían "sin programación y con menos medios".

El responsable de Vivienda aseguró que, desde el Gobierno riojano, no se quiere "acosar para pillar" a quienes tienen una vivienda de protección, sino que se entiende que "la mayor disuasión" es que se vea, "de cerca, la posibilidad de sanción". "Esto", dijo, "nos hace a todos ser más respetuosos".

Así, desde enero de 2010 se vigilarán las cuestiones que "más alarma crean en los ciudadanos" y que son: el respeto a los precios, la calidad, y el destino de las viviendas. Explicó que no se pone en marcha hasta esa fecha para dar una oportunidad a los ciudadanos que están incumpliendo la normativa por "descuido".

Para ello, se enviarán cartas a los adjudicatarios con "información sobre sus obligaciones" y, además, se editará una guía sobre el uso de la Vivienda de Protección.

Si, aún así, se incumple la normativa las multas podrían llegar hasta los 300.000 euros; una cantidad que, para Burgos, es suficientemente disuasoria. Así, contar con una vivienda de protección y tenerla deshabitada o alquilada implica una multa de entre 30.001 y 300.000 euros.

Ortigosa explicó que el Plan de Inspección define cinco áreas que serán objeto del control administrativo: acceso a las viviendas protegidas, formalización de los contratos de compraventa y alquiler, destino y ocupación, calidad en la edificación y precios máximos de venta y renta.

En cada una de estas áreas, el Plan relaciona todas las infracciones que se pueden cometer y para cada una de éstas define las acciones y omisiones objeto de sanción, enumera las actuaciones de control previstas, establece la programación de objetivos y la metodología de trabajo en la función inspectora.

También expone brevemente la tramitación del procedimiento sancionador, las cuantías de las posibles sanciones, y las circunstancias agravantes y atenuantes de la responsabilidad. Además, contiene un cuadro resumen con la previsión total del número de actuaciones de control anual en cada una de las áreas de inspección.

Por lo que respecta al control del destino y ocupación de las viviendas protegidas, se ha programado como objeto preferente de inspección las viviendas protegidas calificadas al amparo del Plan de Vivienda 1998-2001 y del Plan de Vivienda 2002-2005 cuyos titulares hubieran obtenido ayudas financieras en la compra.

Estas viviendas están todavía sometidas a las limitaciones legales que impiden durante diez años su venta, excepto en supuestos excepcionales previamente autorizados por la Administración, y su destino a arrendamiento. Por ello, dijo, es preciso controlar su desocupación y los alquileres ilegales de estas viviendas.