El consejero Alberto Reyero defiende "el trabajo y buen hacer" de vigilantes de los centros de menores de la Comunidad de Madrid
MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Raíces ha detectado entre octubre de 2016 y junio de 2020 un total de 50 episodios de violencia física y psicológica en los que 55 niños y adolescentes residentes en centros de la Comunidad de Madrid refieren haber sufrido agresiones por parte de vigilante, educadores o por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, según un informe que han elaborado y hecho público.
Se trata de niños y niñas de entre 12 y 17 años, la mayoría adolescentes varones que han llegado solos a España nacionales de Marruecos, y, en un porcentaje inferior de Guinea, Argelia, Gambia, República Dominicana y Camerún. Los casos de niñas constituyen sólo un 5 por ciento del total y varias niñas son españolas.
Casi la totalidad de los casos se han dado en las residencias de Primera Acogida Isabel Clara Eugenia y Hortaleza, de gestión pública directa, aunque también hay un caso que afectó a varios niños en un piso gestionado por una fundación privada.
Preguntado este mediodía por el informe al consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha señalado que no lo conoce con detalle pero que en muchos casos se refiere a situaciones de años para atrás.
"Son cuestiones que hay que tratarlas con muchísima cautela. Nosotros en la Consejería y yo como consejero reconozco el gran y difícil trabajo que se hacen en estos centros y tenemos que ser muy cuidadosos y siempre entender que este difícil trabajo puede haber algún caso concreto, que en algún caso está en los Juzgados, siempre respetando el trabajo y el buen hacer de los vigilantes en estos centros.
LAS AGRESIONES
En cuanto a las agresiones sufridas, la mayor parte de los afectados relatan, según la Fundación, haber recibido golpes por todo el cuerpo, puñetazos en la cara y en la cabeza, patadas en el estómago, pisotones en el cuello, empujones, golpes con porras y defensas, engrilletamientos y hasta alguna mordedura. En algunos casos han ido acompañadas de insultos, vejaciones y mensajes.
Las secuelas psicológicas más relevantes en los agredidos son el estrés postraumático, la ansiedad generalizada o los sentimientos profundos de baja autoestima. Las lesiones físicas más comunes han sido hematomas, erosiones, traumatismos, contusiones, dolores, escoriaciones, heridas, vómitos de sangre, fracturas, brechas, y hasta en el caso de una niña española que estaba embarazada, sangrado vaginal y posterior aborto completo, tras recibir una patada en el abdomen propinada por un educador del centro en el que residía, señala el informe.
La ONG denuncia también que cuando estos niños han intentado denunciar estos hechos han encontrado múltiples obstáculos por parte de sus educadores y del equipo directivo del centro o piso donde residían, quienes "en la mayor parte de los casos no les han proporcionado apoyo emocional, ni material, ni les han acompañado al hospital o a denunciar".
En los casos en los que, con la asistencia de Fundación Raíces, han podido denunciar, y algún educador ha acudido para completar su capacidad ante las autoridades, han desacreditado la versión del niño, "criminalizándole y dificultando la interposición de la denuncia". Por su parte, la entidad de protección, excepto en algún caso reciente, no ha adoptado medidas urgentes de separación entre presunto agresor y víctima, indican.
"Estas situaciones han demostrado la falta de mecanismos internos y externos de detección, intervención, atención y denuncia, ante posibles casos de violencia en el seno del sistema de protección, deficiencias que no han sido suplidas ni por el Ministerio Fiscal ni por los órganos jurisdiccionales, cuando las denuncias han dado lugar a procedimientos judiciales y, entre otras cosas, no han considerado debidamente el conflicto de intereses existentes entre los niños y su tutor", indica la entidad.
A pesar de todo ello, han contabilizado 30 denuncias interpuestas, que han dado lugar a procedimientos judiciales caracterizados por "la ausencia de tutela cautelar efectiva (no adopción de medidas de protección), las dilaciones en los procedimientos (los niños están obligados a convivir con las personas que presuntamente les agredieron, tienen miedo y acaban huyendo, archivándose los procedimientos ante la ausencia de la víctima), la falta de consideración del interés superior del menor y sus circunstancias de especial vulnerabilidad, la falta de actuación por parte del tutor legal, el limitado impulso del Fiscal y la falta de investigación sobre componentes de odio y discriminación".
Según esgrime la Fundación, "el abandono institucional y desamparo que sufren da lugar a la aparición en ellos de conductas autolesivas y tendentes al suicidio como respuesta ante tanto dolor y sumisión". "Como contrapunto, en otros casos, la respuesta es violenta y reactiva, directamente proporcional a la amenaza que sienten", argumentan.
La Fundación han elaborado 33 propuestas a incluir en la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia contra toda forma de Violencia, que se encuentra actualmente en fase de tramitación parlamentaria en el Congreso para garantizar que los sistemas de protección a la infancia "sean entornos seguros para todos los niños, adolescentes y jóvenes que allí residen".
VULNERACIONES DE DERECHOS
Desde el 1 de enero de 2016, Fundación Raíces ha atendido a 537 niños, adolescentes y jóvenes que han sufrido algún tipo de vulneración de sus derechos por parte de distintas administraciones públicas españolas.
De ellos, 349 han visto sus derechos vulnerados mientras se encontraban bajo la guarda y/o tutela de la Comunidad de Madrid, residiendo en sus centros, residencias y pisos de protección, según el mismo informe de la Fundación Raíces.
Las vulneraciones de derechos más habituales son la negación de la condición de infancia por el procedimiento de determinación de la edad y los retrasos en la constitución de la tutela, "que, unido a la escasez de recursos humanos y materiales, impiden y dificultan, el acceso efectivo de muchos niños a sus derechos más básicos: calzado, ropa, manutención, educación, asistencia sanitaria, entre otras, y, en el caso de extranjeros, el acceso a su documentación y regularización en España, al procedimiento de protección internacional y como víctimas de trata, y al apoyo a su autonomía tras alcanzar los 18 años".
Estas prácticas, en ocasiones, según la Fundación, continúan una vez tutelados, convirtiéndose en vulneraciones de derechos sistemáticas "que generan frustración y desprotección en los niños y un enorme estrés en el equipo educativo, a menudo insuficiente, poco formado y con escasez de recursos".
Un contexto en el que surgen la mayoría de los conflictos de convivencia, ante los que el equipo educativo, a menudo, opta por el uso de medidas de control y contención, sancionadoras y punitivas, solicitando la intervención de los vigilantes de seguridad o de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; quienes, según relatan los niños, haciendo un uso excesivo y desmedido de la fuerza, suelen ejercer violencia física y psicológica contra ellos.
