Armengol celebra el resultado del paro y subraya que "donde no está prohibido un derecho fundamental se puede ejercitar"
MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un 60 por ciento de los jueces y magistrados del partido judicial de Madrid ejercieron hoy su derecho a la huelga para exigir al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mejoras estructurales en la administración de justicia y frenar el deterioro de los tribunales madrileños, según los datos aportados por el Decanato de los jueces de la capital.
Este porcentaje varía según la jurisdicción puesto que, por ejemplo, el 100 por ciento de los jueces de vigilancia penitenciaria están secundando la huelga, mientras que los 50 jueces sustitutos mantienen su agenda con normalidad. En Plaza de Castilla, han parado su actividad 120 de los 162 magistrados que habitualmente trabajan en estas dependencias.
El juez decano de Madrid, José Luis Armengol, celebró el éxito de la convocatoria al plasmar "la unidad de todos los compañeros". Recalcó que las principales demandas se centran en un incremento del presupuesto de un 3,5 por ciento en cinco años; la equiparación del ratio de jueces a la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes y controlar la agenda de señalamientos de las víctimas, pues no quieren que pase a manos del Ministerio de Justicia a través de los secretarios judiciales.
"La huelga refleja la situación de hartazgo que ha surgido a través de la espoleta de las declaraciones de los políticos y porque estamos hartos de soportar la mayor carga de trabajo de toda Europa. El núcleo de nuestras reivindicaciones se refiere a las infraestructuras", manifestó el decano.
Armengol insistió en que "en el momento actual no hay condiciones para que haya una negociación y si la hubiera, sería infructuosa". Además, defendió el derecho a la huelga de los jueces en un país democrático como España. "La huelga para un filojurista es un derecho legal, no hay ningún tipo de prohibición expresa. Donde no está prohibido un derecho fundamental, se puede ejercitar", dijo, recordando que en Francia, Italia y Portugal los magistrados han llevado a cabo movilizaciones similares.
Sobre la posibilidad de que se pueda sancionar a los jueces que hayan hecho huelga, Armengol estimó que el Consejo General del Poder Judicial "no tiene capacidad jurídica para imponer sanciones".
"Puedo garantizar que no habrá sanciones y si existen, se impugnarán", manifestó, al tiempo que criticó que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, haya dado orden a los secretarios judiciales para registrar a los jueces que hoy no han señalado juicio. Una orden que Armengol tachó de innecesaria a la vista de que ellos mismos proporcionarán al Ministerio, a través del Tribunal Superior de Justicia, los datos de la huelga.
"Intentan amedrentar y establecer la figura del guardián a los secretarios judiciales", reprochó.
