Los abogados de Madrid se sumarán mañana a la huelga contra la "politización" en la Justicia

Actualizado: martes, 19 febrero 2013 19:08

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) se sumará mañana a la huelga convocada por jueces, fiscales y funcionarios de toda España para protestar contra la politización del Consejo General del Poder Judicial, la "privatización" del Registro Civil y la "paupérrima" situación de medios personales y materiales que soporta la Administración de Justicia, ha informado el ICAM en un comunicado.

Las reivindicaciones se centran en el incremento de la inversión pública y de la plantilla al denunciar que España está en el puesto 36 del ranking europeo con diez jueces por cada 100.000 habitantes.

Piden medios en la lucha contra la corrupción, modificar la Ley del Indulto, derogar o modificar "urgentemente" la ley de tasas y paralizar la reforma del CGPJ porque se convierte en "un apéndice" del Ministerio.

No es la primera vez que la reclamación de refuerzos en los tribunales acaba con una huelga de togas. La primera huelga de la democracia tuvo lugar en febrero de 2009 contra el entonces ministro socialista Mariano Fernández Bermejo y desde entonces continúa el vacío legal sobre el derecho de los magistrados a ejercer o no la huelga.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó también fijar servicios mínimos para el día de la huelga general convocada el pasado 14 de noviembre al carecer este derecho de soporte normativo. Esta vez, la portavoz Gabriela Bravo ha mantenido el mismo criterio y ha estimado que la huelga "no es el camino" en el momento actual.

Los profesionales de la Justicia se han levantado contra las reformas del ministro Alberto Ruiz-Gallardón y han manifestado, especialmente, un rechazo unánime al "tasazo" judicial durante los últimos meses.

El propio ministro anunció la pasada semana que revisaría a la baja las cuantías, tras recibir las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien está a expensas de estudiar la propuesta definitiva del Ministerio antes de decidir si presenta o no un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, en vigor desde diciembre.

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