La acusación habla de linchamiento y la Comunidad dice que el vídeo de sindicalistas del Puerta de Hierro no vulnera derechos

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid considera que no se vulneraron los derechos de los sindicalistas que fueron identificados en un vídeo difundido hace un año tras unas protestas contra el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, y la presidenta regional en una visita al Hospital Puerta de Hierro; mientras que los empleados aludidos aseguran que fue el Gobierno regional el que lo publicó en una campaña "de linchamiento" e "intimidación" contra la actividad sindical.

Así lo manifestaron los abogados de la defensa y de la acusación, respectivamente, en el juicio celebrado hoy en el Juzgado número 19 de lo Social, y en el que se juzga si la Comunidad vulneró derechos fundamentales de los trabajadores retratados tras gritar e increpar a Güemes y a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, durante una visita que realizaron en octubre de 2008 al hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

El juicio se celebra a instancias de la demanda presentada por CC.OO. contra la Consejería de Sanidad por "tutela de derechos fundamentales", ya que, según asegura el sindicato, "en el vídeo se desvelaba con una sobreimpresión la organización a la que pertenecían los participantes en la protesta con intención de criminalizarlos". Los cuatro identificados por la Comunidad pertenecían a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a CC.OO. Se trataba de una auxiliar de enfermería, un operario de máquina de impresión y reprografía, una administrativa y un celador

El secretario de Política Institucional de CC.OO., Jaime Cedrún, añadió, a la salida del juicio, que en el vídeo también figuraba un rótulo que rezaba "identificados y destapados cuatro liberados sindicales". "Este hecho fue la culminación de una campaña de desprestigio de la actividad sindical, de los delegados sindicales, que llevaba a cabo en ese tiempo el consejero de Sanidad con el apoyo estusiasta de su presidenta regional, Esperanza Aguirre", indicó.

En este sentido, la acusación solicitó a la jueza que lleva el caso que "contextualice" los hechos. "Había habido declaraciones de la presidenta regional, se nos acusó de actos violentos que lo iban a llevar a la Fiscalía, que les contestó que todo se había desarrollado en perfecto orden y libertad", apuntó Cedrún.

Igualmente, los sindicalistas se quejaron de que "sistemáticamente" se le ha acusado por todo en esa época. "Dijeron que con lo que cuestan los liberados sindicales se podían hacer hospitales, que éramos vagos y maleantes. La distribución del vídeo pretende intimidar para que no se plantee la defensa de los trabajadores", afirmó Cedrún.

La acusación justificó las protestas a Güemes porque la Consejería había aprobado un decreto en esa época "que dejaba en la calle a 10.000 trabajadores eventuales". "La protesta fue generalizada en todos los hospitales y hubo movilizaciones", indicó.

LAS PRUEBAS Y LOS ARGUMENTOS

En el juicio, los sindicatos han aportado una prueba consistente en un e-mail en el que afirman que fue una persona del Departamento de Comunicación del Gobierno regional la que envió el vídeo a los medios de comunicación.

Asimismo, pidieron a la jueza que se investigue de dónde partieron los datos para identificar a las personas señaladas en el vídeo porque, a su juicio, esos nombres "están en teoría en manos del Gobierno regional y han tenido que salir de archivos de la propia Comunidad".

"El Gobierno regional es un poder público que tiene que garantizar que no se utilicen los datos de las personas, y que se cumpla la ley de Protección de Datos. Además, es la empleadora y, como empresa, no puede utilizar los datos que tiene para intimidar a la representación sindical. La Comunidad ha aportado pruebas donde la Dirección General de Recursos Humanos comunica a la gerencia del hospital que esas personas van a tener acumulación de horas y que son liberados sindicales", dijo el secretario de Política Institucional de CC.OO.

Por su parte, el abogado de la defensa negó que la Comunidad hubiera sido artífice de la edición del vídeo. En cambio, los sindicatos apuntaron a todo lo contrario. "Hemos visto que es un vídeo casero, bastante malo. No sabemos si ha sido elaborado por el equipo de espías que tenía la Consejería, que parece ser que por aquella época estaba trabajando, que posteriormente han manipulado para poner los círculos rojos, las identificaciones, el texto y luego lo han distribuido", indicó Cedrún.

Asimismo, la Comunidad ha planteado un problema de competencias, ya que considera que el Jugado lo Social no es la instancia judicial más adecuada para el caso, sino que debería ir por la vía contencioso-administrativa. En este sentido, alegan que las demandas se deberían plantear, en todo caso, de manera individual y no planteada por los sindicatos.

Ante este cuestión, CC.OO. manifestó que diversa jurisprudencia corresponde a lo Social, porque afecta a los derechos fundamentales. Los derechos sindicales son iguales para todos los trabajadores. "Interpusimos una denuncia al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que nos ha remitido aquí", agregó.

Por todo ello, pide a la juez que sentencie que ha habido una vulneración de los derechos fundamentales a la libertad sindical y que condene a la Consejería de Sanidad y sus autores que establezca medidas "para que hechos de este tipo no se vuelva a repetir y, si eso es así, que se apliquen las acciones correspondientes, con una cantidad equivalente a 244.000 euros", que CC.OO. anunció que dedicará a proyectos de cooperación para la causa de la libertad sindical en todo el mundo. La sentencia tardará al menos un mes en dictarse.

UN HECHO "INÉDITO" EN LA HISTORIA DE LA DEMOCRACIA

Una de las demandantes, identificada en el aludido vídeo, Dioni Chicharro, de CC.OO, señaló, a la salida del juicio, que se vulneraron su derecho a la actividad sindical y su derecho individual a manifestarse. "El abogado de la Comunidad lo ha intentado disfrazar. Si la jueza es sensible y ve las pruebas, el fallo será favorable", dijo.

Chicharo aludió a que estos hecho son inéditos e insólitos en la historia de la democracia. "Es un ataque frontal, que ha generado una desprotección como personas individuales y trabajadores. La Comunidad nos ha puesto como personas que nos aprovechamos de los recursos públicos, cuando nosotros vivimos de nuestro sueldo. Y nadie mejor que la Comunidad de Madrid, que tiene nuestros, datos para saberlo claramente", añadió.

La sindicalista justificó las protestas contra la Consejería de Sanidad, ya que considera que es su obligación, como representante de los trabajadores. "Era lo que teníamos que hacer. Desde la palabra, porque nunca hemos sido violentos, tenemos que argumentar y denunciar que el mayor ataque a la Sanidad pública madrileña se ha hecho con Aguirre", apostilló.

Por último, Chicharro acusó a la Comunidad de elaborar "una estrategia muy pensada" para tildar a los empleados públicos como "un mal importante en la sociedad y que hay que acabar con ellos, lo que está generando, en muchas ocasiones, enfrentamientos con los propios usuarios".