La querella también acusa a otro agente de la Policía Municipal y a dos técnicos de la Junta Municipal de Centro
MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha admitido a trámite una querella presentada por los propietarios de dos bares de la capital contra el jefe de la Unidad de Inspección del Distrito Centro, Lorenzo Antolínez, por reclamar presuntamente a los dueños de locales de copas situados en los aledaños de la Plaza de Santa Ana impuestos inexistentes, según un auto al que ha tenido acceso Europa Press.
La querella ha sido interpuesta por los propietarios de los locales de copas de la calle Echegaray números 10 y 21, y recoge la existencia de más de 400 actas levantadas durante dos años por diversos agentes de la Policía Municipal -dirigidos por Antolínez-, así como "las amenazas condicionadas al pago de un peaje o impuesto inexistente".
Los propietarios de los bares denuncian "los actos de coacciones y otro tipo de amenazas a los dueños de los locales", y acusan a Antolínez de decirles: "Tú vas a pagar como sea", o "Ya te he cerrado uno y ahora te voy a cerrar el otro". Además, añaden que de las 400 actas, sólo cuatro fueron motivo de expediente sancionador y ninguna prosperó.
EL JUEZ CONSIDERA QUE PUEDE HABER DELITO
La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, se dirige, además de contra Antolínez, contra otro agente de la Policía Municipal y dos técnicos de la Junta Municipal de Centro. El juez considera en su auto que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de falsificación de documentos públicos, por lo que ha admitido a trámite la querella, interpuesta por el abogado Fernando Pamos de la Hoz, en representación de los propietarios de locales.
El letrado destaca en la querella "las ilegales inspecciones" que los policías hacían en horas punta del local, con una duración media de 45 minutos. Cuando en el año 2000 los querellantes compraron el primer local, el número 10 de la calle Echegaray, uno de los dos funcionarios querellados les informó "de que era imposible conseguir una licencia", "remitiéndoles a un amigo suyo del Ayuntamiento que podría hacerles el proyecto y todos los trámites, de forma que pudiera aprobarse y ser concedida".
Así, el funcionario les dijo a los propietarios que el bar debía de ser insonorizado por la empresa 'Insorock', de tal manera que dicha compañía les hizo un presupuesto que ascendía a 81.000 euros, en el que se incluía el certificado del Ayuntamiento. Por este hecho, los denunciantes piden en la querella que la empresa 'Insorock' aporte todas las facturas que tengan que ver con las obras realizadas en distrito Centro "para descubrir cuántos locales han sido dirigidos, so pena de no conceder las licencias, a la empresa en cuestión".
SEGUNDO FUNCIONARIO
La querella explica que poco después, los denunciantes tuvieron que tratar con el segundo funcionario Junta Municipal de Centro, que era quien, en última instancia, tenía la facultad de otorgar o denegar las licencias. En aquellas reuniones el empleado público decía a los dueños del local y a su abogado frases como "yo te estoy dando de comer", "si mueves cualquier papel o me llevas a un contencioso, os dejo como máximo con una licencia de pizzería", o "siempre puedo decir que me equivoqué".
Los querellantes piden que se aclare la relación existente entre quien hace las inspecciones en los bares y quien tiene la facultad de otorgar las licencias. También destacan que "el pagar la cantidad inicial para poner un local no resolvía todos los problemas, ya que era difícil saber durante cuánto tiempo habría que estar pagando, con el fin de resolver los problemas que fueran surgiendo".
Asimismo, señalan que en una ocasión un agente de Policía Municipal entró en uno de estos dos locales "vestido de paisano con indumentaria nazi" y les dijo a los dueños del bar que "él se encargaría de que se encontrara droga en el local". Este policía -añaden- ha acudido en numerosas ocasiones vestido de paisano amenazándoles con detenerles y con ponerles grilletes.
FOTOGRAFÍAS AL LOCAL
Los propietarios abrieron el segundo local en el número 21 de la misma calle en septiembre de 2005, y "a los dos días se presentaron dos agente de la Policía Municipal diciéndoles que iban a hacer unas fotografías del local, por motivo de una nueva ordenanza". Más tarde -añaden- "venían continuamente personas interesándose por el local", y, al poco tiempo, tuvieron conocimiento de que el propietario de un local de Moratalaz se había encontrado con que su bar se subastaba en Internet (en donde estaban colgadas las fotos); llamó al teléfono que aparecía en la página web y le dijeron que la venta del bar no estaría disponible hasta dentro de un año.
La querella también menciona que un agente, ahora en excedencia, posee en la zona tres locales en propiedad y dos alquilados, y agregan que "al parecer ha vendido alguno de los locales recientemente".
