Mariño no "consiente" que Madrid y Rivas digan que la Comunidad les ha engañado y asegura que no se ha modificado el proyecto de ley
MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, opinó hoy que lo que ha molestado a los ayuntamientos de Madrid y Rivas Vaciamadrid sobre el proyecto de ley regional para la Cañada Real Galiana es que se quiera contar con la participación de los vecinos afectados, y aseguró que no se ha modificado ningún punto con respecto al documento aprobado por consenso el pasado 7 de julio.
En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP celebrado esta mañana en la calle Génova, el primero tras las vacaciones estivales, la líder madrileña recordó que el asunto de la Cañada lleva 30 años vigente, y concretó que consiste en "asentamientos en lugares de dominio público, que son pasos de ganado".
"Como en los últimos 50 años el ganado no ha pasado por allí en absoluto, propuse a los ayuntamientos explorar una vía para que dejara de ser vía pecuaria y pasara a ser bien patrimonial de la Comunidad de Madrid, para que fueran los ayuntamientos, a quienes corresponden las competencias urbanísticas, los que decidieran qué uso quieren dar a esa zona: alojamiento, dotacional, verde, deportivo...", explicó Aguirre.
Así, el pasado mes de julio la mesa negociadora de este tema, en la que se sientan además del Ejecutivo autonómico y los ayuntamientos mencionados los consistorios de Getafe, Coslada y San Fernando de Henares, y la Delegación del Gobierno, acordó un texto en el que basar la nueva ley, que indicaba que primero se haría un censo de los habitantes de la Cañada y se estudiaría su situación social, después se desafectaría y luego se podrían vender o ceder las parcelas. O al menos esto es lo que aseguran Madrid y Rivas.
Desde la Comunidad se afirma que ya hace dos meses se habló de poner un plazo de un año --ampliado luego a dos-- para estudiar el problema social, desafectar los terrenos antes --según la consejera de Medio Ambiente, Ana Isabel Mariño, el 60 por ciento de la zona ya no está protegida desde 1974-- y comenzar a realojar y vender a continuación.
Así las cosas, los gobiernos locales madrileño y ripense han avisado de que si se tramita así la ley, ellos no recalificarán ninguna de las parcelas, con lo cual la gente que las compre habrá adquirido tan sólo un trozo de zona verde, y acusó a la Comunidad de engañarles y romper el consenso.
"NO CONSIENTO QUE DIGAN QUE LES ENGAÑAMOS"
Ante estas declaraciones, una visiblemente ofendida Mariño aceptó que puedan discrepar de la ley. "Pero no consiento que digan que les hemos engañado ni yo ni la presienta. Todo lo que está e el proyecto de ley estaba en el documento de julio, excepto la frase de que contaremos con la colaboración de los vecinos afectados. Eso es lo que les ha molestado", consideró.
Además, aceptó que pueda incluirse alguna modificación si así lo quieren los consistorios, aunque su deseo es que el texto llegue a la Asamblea de Madrid para su debate parlamentario en cuanto comience el periodo de sesiones, es decir, en octubre, aunque la rapidez de la tramitación también dependerá de cuándo emita el Consejo Económico y Social (CES) su informe.
Aguirre insistió en que los ayuntamientos podrán hacer después lo que quieran con esos terrenos, y recordó que es necesario marcarse un plazo temporal para que el asunto no se alargue indefinidamente. "Las situaciones en la Cañada son muy variadas. Hay gente en chabolas, pero otros pagan IBI, están censados y son propietarios. Nuestra intención es estudiar, explorar y tratar de encontrar una solución entre todos. Parece que la Comunidad quiere imponer algo, pero sólo queremos acabar con la hipocresía de mantener el uso ganadero de la Cañada", zanjó.
Por último, agradeció al secretario general del PMS, Tomás Gómez, que el pasado sábado anunciara su apoyo a la postura de la Comunidad. "Ayer la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, me confirmó ese apoyo por teléfono. (Los socialistas) apoyan la postura de la Comunidad de abrir una vía para poner solución al problema de la Cañada, vergonzoso para una gran ciudad y para una región líder en Europa", criticó la presidenta.
Ya tras la rueda de prensa, Mariño continuó explicando la situación a los periodistas, y se quejó de las críticas de los ayuntamientos, a quienes acusó de haber "tolerado" los asentamientos. "Si no miren a Getafe, que no ha permitido ni uno solo en su territorio", indicó. Y es que en 1974 el Gobierno central desafectó la Cañada y vendió algunos de los terrenos, frente a la nueva afectación realizada en tiempos de la Presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón. En la actualidad, se calcula que unas 40.000 personas viven en la zona.
"Todas las barbaridades que dijeron ayer son insólitas. Hemos aceptado lo que han pedido porque queremos que el plan siga adelante, y sólo metimos el 'escuchar a los afectados' antes de planear los realojos, porque hay gente que lleva allí muchos años y no quiere marcharse. Pero ellos (los ayuntamientos de Madrid y Rivas) tienen miedo de poner propuestas encima de la mesa, pero ahora hay que tomar decisiones", concluyó la consejera.
