AMADE denuncia que el IVA superreducido para el sector de la dependencia no se aplica en el sector privado

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Madrileña de Ayuda a la Dependencia (AMADE) denunció hoy que el Real Decreto Ley de Medidas para el Impulso y la Recuperación Económica y del Empleo que establece el IVA superreducido del 4 por ciento para los servicios de atención a la dependencia prestados por empresas públicas excluye al sector privado al que, lejos de reducírsele el citado impuesto, se le aumenta el un 1 por ciento, pasando del 7 al 8 por ciento de grava impositiva.

El presidente de AMADE, Jose Luis Palacios, su directora general, Pilar Ramos, y el secretario general y responsable de calidad y Centros de Día, Javier Gómez, informaron hoy en rueda de prensa de lo que consideraron una "discriminación gravísima" y una "incongruencia total" que hace que a una misma plaza en un mismo centro se le aplique un 4 por ciento de IVA en el caso de estar concertada y un 8 por ciento en el caso de que no sea así.

Para el presidente de la asociación, esta subida para el sector privado "afectará mucho a todas las personas atendidas por el mismo" que, "además de encontrarse esperando en muchas ocasiones que se les tramite su acceso al sector público, se verán injustamente penalizadas teniendo que pagar más de su propio bolsillo".

"En principio la idea de reducir el IVA era para proteger al sector. Sin embargo, con esta distinta aplicación, según sea público o privado el servicio queda claro que lo único que se persigue es reducir el gasto de la Administración", indicó.

Desde la asociación consideran que los usuarios serán los principales perjudicados de esta subida ya que tendrán que pagar un 1 por ciento más por unos servicios "básicos para el mantenimiento de su calidad de vida".

A la espera de que se solucione la actual situación de desigualdad, AMADE espera que, "al menos, al pasar del 7 por ciento de IVA al 4 por ciento, el dinero que se ahorre el Gobierno lo reinvierta en el sector de la dependencia".

8.000 TRABAJADORES NECESITARÁN EL CERTIFICADO PROFESIONAL EN 2011

Según lo aprobado por el Consejo Territorial de la Dependencia hace dos años, los trabajadores del sector de atención a la dependencia tendrán que tener a partir de 2011 un certificado de profesionalidad que los acredite para desempeñar su labor.

Estos certificados se exigirán progresivamente, de forma que el número de cualificación exigida sobre el total de trabajadores en 2011 será de un 35 por ciento mientras que en 2015 se exigirá alcanzar el 100 por cien.

En este sentido, la directora general de AMADE, Pilar Ramos, informó de que, a falta de subvenciones o ayudas por parte de la Administración para cubrir los gastos de los cursos de formación de los empleados, el próximo año los centros se encontrarán en una situación de ilegalidad.

"Hace falta formar a 8.000 trabajadores del total de 20.000 aproximadamente que tiene la Comunidad de Madrid para alcanzar el 35 por ciento exigido cuando la subvención recibida por parte de la Consejería de Empleo y Mujer ascendió este año a 72.000 euros, dinero con el que se formaría a 19 trabajadores", declaró Palacios.

Para el presidente de AMADE, esta legislación es "tan absurda que el Gobierno regional ha caído en su propia trampa". "Reivindicamos que al menos no sean todos los trabajadores los que tengan que recibir formación específica en la materia sino que se homologue como válida la experiencia", declaró.

De momento, explicaron, nadie les ha informado ni están aún concretadas qué número de horas o años trabajados en el sector serán eximentes de realizar más o menos horas de formación.

"Cuando les hemos planteado esta situación de desconcierto generalizado en la que nos encontramos a la hora de aplicar esta nueva normativa no han hecho nada al respecto, lo que nos lleva a pensar que para ellos esta cuestión no es prioritaria", indicó Ramos.

Mientras tanto, continuó, "son las empresas las que se están haciendo cargo de la situación formando a sus trabajadores con el elevado coste que conlleva mientras se sigue teniendo una sensación de desajuste porque nadie les concreta cuándo y cómo se va a actuar".

Por otra parte, el secretario general y responsable de calidad y centros de día de AMADE, Javier Gómez, denunció que la Ley de Dependencia "habla mucho de calidad pero no concreta de que calidad se trata ya que no hay estándares definidos".

Debido a la falta de concreción en esta materia, Gómez informó de que la asociación ha realizado una guía que establece cómo debería ser un servicio sociosanitario óptimo en 26 axiomas.

"Además, mientras los responsables concreten estos estándares de calidad a los que deben acogerse los centros, nosotros estamos impartiendo seminarios de calidad presentando a los presentes modelos de autoevaluación de los centros", zanjó.