MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid presentará alegaciones a la ordenanza de publicidad exterior aprobada por el Ayuntamiento de la capital y que, entre otras cosas, prohibía los 'hombres anuncio', al entender que invade competencias regionales en materia de medioambiente, publicidad, laboral, fomento del desarrollo económico y patrimonio histórico-artístico.
Así lo anunció hoy en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el vicepresidente primero y portavoz regional, Ignacio González, quien apuntó que la normativa vulnera la libertad de empresa, limita la publicidad exterior y establece criterios de discriminación entre las compañías de publicidad, entre otras cosas.
Además, explicó que si el Consistorio madrileño no tiene en cuenta las alegaciones del Gobierno regional y, a pesar de ellas, se sigue produciendo una invasión de las competencias regionales, el Ejecutivo autonómico podría acudir a los tribunales. 2Si se sigue produciendo una invasión de las competencias de la Comunidad de Madrid, ejerceremos el derecho en defensa de nuestras competencias e iremos a los tribunales", apostilló.
El 'número dos' del Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre analizó la ordenanza municipal y se centró principalmente en el punto que prohíbe la existencia de los 'hombres anuncio' por, entre otras razones, ser un trabajo poco digno.
A juicio del vicepresidente primero, "supone una arbitrariedad del legislador" al prohibir que las personas puedan incorporar publicidad "sobre la base de un ataque a la dignidad de la persona". Explicó que según establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo decente es aquel que es productivo y seguro, que respeta los derechos laborales, tiene ingresos adecuados, protección social, y que garantiza el diálogo social, la libertad sindical, la negociación colectiva y la participación.
Por ello, González manifestó que las razones que da la ordenanza para prohibir los 'hombre anuncios' "afectan más a cuestiones estéticas que a razones laborales o de la dignidad y defensa de los trabajadores".
Acto seguido comentó uno por uno los puntos a los que la Comunidad de Madrid presentará alegaciones al entender que invaden competencias autonómicas. Así, indicó que limita la libertad de empresa, y subrayó que ésta solo se puede acotar "por razones de interés general y siempre y cuando la limitación sea adecuada al objeto que se persigue y no pueda conseguirse por otra alternativa".
OTRAS LIMITACIONES
Según el vicepresidente primero, el texto municipal también limita el derecho a la libertad del establecimiento de la empresa, ya que impide que las compañías que quieran hacer una publicidad exterior puedan estar ubicadas en determinados sitios.
Además, manifestó que se limita la actuación publicitaria de los empresarios ubicados en el municipio de Madrid, estableciendo un criterio de discriminación, puesto que será posible insertar publicidad en unos sitios y en otros no.
"Esto da un tratamiento desigual en relación a la capacidad de establecimiento empresarial en unas zonas y en otras del territorio de la Comunidad de Madrid", agregó, y afirmó que "en unas zonas se considera más contaminantes la instalación de anuncios exteriores y, por lo tanto, se prohíbe, mientras que en otras zonas se permite, vulnerando así el principio de igual y equidad".
El 'número dos' de Aguirre también destacó que la ordenanza vulnera la libre prestación de servicio en la regulación comunitaria de servicios públicos (normativa Bolkestein), ya que somete su ejercicio a unos requisitos "muy minuciosos que hacen imposible en muchos casos el ejercicio de la actividad publicitaria".
"No existe ninguna razón imperiosa de interés general que justifique este régimen regulador tan taxativo y con un nivel de autorización tan detallada que prácticamente hace muy difícil en ocasiones el ejercicio de esta actividad", estimó.
Finalmente, recordó que el texto local prohíbe la publicidad en vehículos de titularidad privada pero, sin embargo, permite los anuncios en vehículos municipales o interurbanos, tales como autobuses, lo que, según dijo, supone "una clara intervención en el ejercicio de la actividad privada, totalmente discriminatoria con respecto al uso de la publicidad en vehículos y medios de transporte". González recalcó que esto es "especialmente grave" porque impide que un sector como el taxi, que tiene regulada la posibilidad de llevar publicidad, pueda lucir anuncios.