MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno acordó hoy proponer a la Asamblea de Madrid celebrar el debate del estado de la región los días 10 y 11 de septiembre, según informó hoy en rueda de prensa el vicepresidente primero y portavoz regional, Ignacio González.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, anunció que en este debate presentará un Plan aún más amplio de austeridad presupuestaria para impulsar la economía madrileña y garantizar la calidad de los servicios públicos que presta la Comunidad de Madrid, que según señaló "son todos", ya que afirmó que el gasto social lo hacen las comunidades autónomas.
Aguirre afirmó que el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, explicará el plan más detalladamente en septiembre, pero avanzó que la recaudación en los impuestos cedidos en la Comunidad de Madrid "ha disminuido de una manera drástica en el primer semestre del año, que el IVA ha disminuido también, y que la renta todavía no porque se está pagando la de 2007".
Además, explicó que el principio de equilibrio presupuestario "obliga a reducir todos aquellos gastos corrientes que no son necesarios para la prestación de los servicios públicos a los niveles de máxima calidad", y añadió que "habrá una declaración de no disponibilidad en el presupuesto de 2008 porque la recaudación ya está siendo menor de lo presupuestado y que en 2009 el presupuesto de la Comunidad no crecerá en términos reales".
"Todos los madrileños se están apretando el cinturón y las administraciones públicas tenemos que hacerlo en mayor medida", afirmó la presidenta, quien apuntó que por eso la Comunidad de Madrid ha reducido ya 14 Direcciones Generales (11 más tres secretarías generales técnicas) y 150 puestos de confianza.
Estas medidas se enmarcan dentro del Plan de Austeridad que está llevando a cabo el Ejecutivo autonómico desde el pasado mes de junio cuando comenzó el adelgazamiento de la Administración.
BALANCE DEL SEMESTRE
La presidenta, que bajó junto al vicepresidente y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ignacio González, a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que será la última hasta el 28 de agosto, quiso hacer un balance del último semestre, del que señaló, sobre todo, dos hechos como son la crisis económica y la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica.
Aguirre dijo que la primera cuestión que ha marcado el año ha sido la crisis económica, respecto a la que valoró el dato del IPC adelantado dado a conocer hoy y que se cifra en un 5,3 por ciento de manera que, según aseguró, "los precios están desbocados".
Así, recordó que hace un año el IPC estaba en un 2,3 por ciento, de modo que ha subido tres puntos en un año. "Estamos en cifras que no se conocían desde 1997", afirmó y añadió que mientras, el Gobierno central es "incapaz de tomar medidas que frenen esta escalada de los precios", porque, a su juicio, "lo de las bombillas y la reducción de velocidad parece más bien una broma". Así, aseguró que la crisis económica en la que se encuentra España es la peor desde 1978.
En cuanto a la financiación autonómica, la presidenta destacó que con la aprobación del Estatuto de Cataluña, que fija el 9 de agosto como fecha para tener conocimiento de la nueva situación económica, "se han exacerbado las prisas por conseguir" un nuevo modelo de financiación.
A este respecto, aseguró que la Comunidad de Madrid "es la más solidaria de todas las comunidades autónomas", y aseveró que quiere que siga siéndolo. "Pero que nos nos hable el señor Rodríguez Zapatero de gasto social porque el gasto social lo hacemos nosotros", apostilló, y añadió que al no reconocer el Ejecutivo central el millón más de madrileños que hay desde el establecimiento del último modelo de financiación autonómica "recorta en la misma cifra los ciudadanos financiados por el actual modelo de financiación autonómica".
Por último, Aguirre afirmó estar "muy satisfecha" del acuerdo firmado ayer con instituciones financieras, promotores inmobiliarios, registradores y notarios, para que en este año 25.000 viviendas libres se pongan a disposición de los ciudadanos a precio de vivienda concertada.
La líder del Gobierno regional esperó que se unan al convenio cada vez más inmobiliarias y que la medida "sirva para que las familias madrileñas puedan acceder a una vivienda libre a un precio asequible". "Me parece el convenio de ayer una medida muchísimo mejor y más seria que comprar suelo a las inmobiliarias", concluyó.