AMPL.-PSOE cifra en más de 206 millones el perjuicio económico derivado de la anulación de los parquímetros fuera de la M-30

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid cifró hoy en más de 206 millones de euros el perjuicio económico derivado de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 26 por la que la decisión de instalar los parquímetros que se encuentran fuera del límite de la M-30 es declarada "nula por no ser conforme a derecho".

La sentencia, que será recurrida por el equipo de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, establece que el acto de instalación de los parquímetros es nula, esto es, que jurídicamente es como que "nunca estuvieron en marcha", lo que deriva en consecuencias con las contrataciones hechas con las empresas adjudicatarias del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) y con lo pagado por los madrileños por aparcar en estas zonas, como explicó el portavoz socialista, David Lucas.

El concejal socialista de Seguridad y Movilidad, Manuel García Hierro, cifró hoy en más de 206 millones de euros los perjuicios económicos derivados de la anulación y que afectarían a los dos últimos años. Esa cantidad es la suma de los ingresos por tickets, de los procedentes de las tarjetas de residentes, por multas y por el canon que el Ayuntamiento paga a las empresas adjudicatarias.

Los ingresos por tickets en 2007, según datos del Ayuntamiento de Madrid facilitados por el PSOE, fueron de 30,5 millones de euros, los de las tarjetas de residentes de 7 millones de ingresos, de los que 2,1 millones corresponden a las zonas afectadas mientras que por multas se ingresaron unos 125 millones de euros, un 25 por ciento de los cuales son de las zonas ahora anuladas. Por estos tres conceptos se contabilizarían más de 36 millones de euros sólo en 2007.

A eso habría que añadir el canon anual de las empresas adjudicatarias, lo que sumaría un total de 103 millones de euros, cifra que habría que doblar al afectar la sentencia a dos años.

UNOS 700.000 MADRILEÑOS AFECTADOS

El Grupo Municipal Socialista explicó que la ampliación en 2006 de la zona SER, ahora anulada con esta sentencia con fecha de 23 de septiembre, llega a los cascos históricos de los distritos de Carabanchel, Fuencarral-El Pardo y Hortaleza y a los barrios Imperial, Acacias, Chopera, Legazpi, Atocha, Delicias (Arganzuela), Adelfas, Estrella (Retiro), El Viso, Ciudad Jardín, Hispanoamérica, Prosperidad, Nueva España, Castilla (Chamartín), Bellas Vistas, Almenara, Valdeacederas y Berruguete (Tetuán). Los socialistas calculan en 700.000 los habitantes afectados por la decisión judicial.

La sentencia surge a raíz de un recurso interpuesto por el PSOE en coordinación con los colectivos antiparquímetros que recoge gran parte de las alegaciones presentadas en su momento por el Grupo Municipal Socialista. Entre ellas destacaron que se produjo en septiembre de 2005 el visto bueno por parte del Gobierno municipal a la adjudicación de zonas que no estaban delimitadas antes de tener la ordenanza que daba soporte a todo aquello para posteriormente, en febrero de 2006, emitir un decreto, firmado por el delegado de Seguridad y Movilidad, Pedro Calvo, en el que se establecía el marco de actuación de las concesionarias. Todo ello sin pasar por el Pleno municipal.

REPERCUSIÓN EN LAS ARCAS MUNICIPALES

El portavoz socialista señaló hoy que la sentencia abre interrogantes como la posibilidad de que las empresas concesionarias del SER puedan reclamar un 'lucro cesante' al Ayuntamiento si es declarado nulo finalmente el contrato, lo que repercutiría directamente en las arcas municipales. También lo harían las reclamaciones de los vecinos que hayan pagado estos años por una tarjeta de residente en una zona ahora declarada nula.

Más difícil lo tendrán los madrileños que hayan aparcado en la zona azul si no conservan los tickets ya que previsiblemente no podrían reclamar dinero alguno. En este sentido, Lucas hizo un llamamiento a la ciudadanía para que siga respetando la legalidad y pagando tanto por la zona azul como por la verde, sobre todo teniendo en cuenta que la sentencia no es firme.

Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista ya anuncia la elaboración de un estudio jurídico y económico de la situación derivada tras conocer la sentencia, donde esperan contar la colaboración del Gobierno municipal para facilitarles la debida información. También revisarán la ordenanza municipal "para ver si también está acorde a la legislación vigente". Si no es así la recurrirán, confirmaron hoy los socialistas.

Lo que Lucas solicita es que el Gobierno de Gallardón no siga adelante con el recurso a la sentencia porque esto "sólo inflaría más en el tiempo el problema". También pedirán explicaciones de lo ocurrido a Pedro Calvo en el próximo Pleno.