Yoigo apunta que la sanción impuesta "no es firme" y que recurrirá la multa
MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid ha impuesto una multa de 9.200 euros al cuarto operador de telefonía móvil en España Yoigo por quedarse con el saldo de los usuarios de prepago que no realizan recargas en un determinado plazo, informó la asociación de consumidores Facua.
Yoigo precisó que la sanción impuesta por la Comunidad de Madrid "no es firme" y añadió que recurrirá la misma por las vías pertinentes.
La asociación anima a los usuarios afectados a que reclamen a las compañías que les devuelvan las cantidades de las que se apropian cuando no realizan recargas en varios meses, además de dar de baja las líneas.
Además, la asociación afirma que si las compañías consideran que determinados clientes no son rentables pueden establecer determinadas condiciones de consumo, siempre que no resulten abusivas y devuelvan el saldo a los usuarios a los que den de baja.
En este sentido, el operador explicó que su política contempla la baja automática de un cliente sin reintegro cuando un usuario de tarjeta hace la portabilidad a otra compañía. No obstante, Yoigo apuntó que no tiene constancia de reclamaciones en este supuesto y que, en caso de ocurrir, se "pone a disposición" del cliente para estudiar su caso individualmente y devolver las cantidades correspondientes.
Asimismo, la compañía da de baja el servicio sin devolver el saldo de la tarjeta cuando un cliente con la tarifa sin consumo mínimo 'La Del Cero' lleva nueve meses sin hacer ninguna recarga o cuando un usuario de prepago lleva seis meses sin saldo, aunque en este caso no procedería la restitución de ninguna suma.
La asociación denunció en octubre de 2009 a las cuatros operadoras móviles con red propia --Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo-- ante autoridades de protección al consumidor autonómicas y pidió además la intervención del Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Facua apuntó que "en breve" podrían resolverse expedientes sancionadores contra otras compañías por los mismos motivos.
En sus denuncias, Facua argumentaba que las prácticas de las operadoras vulneran el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que considera abusivas "las estipulaciones que impongan (...) la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado y el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente".
