La agresión a un maestro será tipificada como un delito de atentado contra autoridad pública, con penas de 2 a 4 años de cárcel
MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Nacional de Profesores Estatales de Madrid (ANPE-Madrid) se congratuló hoy del anuncio de la Ley de Autoridad del Profesor adelantada ayer por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ya que considera que es una culminación de una etapa "que permitirá aumentar la calidad educativa y el pleno ejercicio del derecho a la educación".
El presidente de la asociación, Fernando Jiménez, calificó como "positiva" esta normativa "disuasoria" que reconoce al docente el rango de autoridad pública, ya que recoge "no sólo las aspiraciones de los profesionales de la educación sino la demanda social ante un clima de menosprecio por los derechos que la Constitución tutela, de provocación, de inusitada violencia, enmarcado en la impunidad de los agresores".
Según explicó, este reconocimiento garantiza la efectiva realización del Derecho Fundamental a la educación reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española, que puede verse perturbado en el caso de sufrir una agresión. "La consideración de delito frente a la falta no sólo afecta al agravamiento de la pena sino que refuerza el carácter disuasorio de estas conductas agresivas que deterioran la convivencia en los centros docentes", apuntó Jiménez.
"La novedad es que va a ser un instrumento positivo, que va a proteger y dar más cobertura personal y de defensa al profesor, que se va a ver más arropado. Apostamos por el respeto mutuo y va a incidir en la mejora de la convivencia para que derive a una mejora de la calidad de la enseñanza", agregó.
No obstante, el presidente de ANPE-Madrid indicó que continuarán en las reivindicaciones para que se revise el modelo de la enseñanza. "La Ley no es una panacea, sino que hay que ir a una renovación del modelo educativo", apostilló.
Asimismo, pidió al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que extienda esta Ley al resto de España o que incorpore al Estatuto del Docente, "que lleva tres décadas dando vueltas" y que se suscriba un Pacto de Estado sobre la mejora de la Educación en España que suponga "variar el rumbo" en el país en esta materia. "Me congratula que UGT y CC.OO. aplaudan ahora estas medidas", agregó Jiménez.
CASI 2.400 DENUNCIAS EN LA MITAD DEL CURSO PASADO
ANPE-Madrid cree que la ley anunciada por Aguirre es "beneficiosa" para la sociedad, la educación y el profesorado, y asegura que continuará trabajando en pro de un modelo educativo que garantice "una verdadera igualdad de oportunidades, mediante el conocimiento, la disciplina y el esfuerzo, en un ambiente normalizado".
La defensora del Profesor de la asociación, Inmaculada Suárez, se mostró muy "contenta" por el anuncio de la Ley y precisó que no se tratará de que los maestros apliquen el autoritarismo, sino que se le proteja ante las vejaciones, agresiones, amenazas y denuncias falsas proferidas por alumnos o sus padres. "Somos conscientes que de la noche a la mañana no va suponer un cambio inmediato. Pero es un paso para devolver el prestigio al profesorado", dijo.
Suárez afirmó que en el curso de 2007-08 registraron 2.175 denuncias ante la asociación y en la mitad del pasado curso (de septiembre de 2008 a febrero de este año) anotaron ya 2.400. Así, el 10 por ciento de los profesores denunciaron una agresión de alumnos en la primera mitad del curso pasado y el 2 por ciento provenientes de padres y familias. La etapa con mayor conflictividad es la Educación Secundaria.
CONSECUENCIAS LEGALES Y JURÍDICAS
La agresión a un funcionario con rango de autoridad pública está tipificada por el Código Penal como atentado contra la autoridad en los artículos 550 a 553, que recogen penas de prisión de dos a cuatro años. La Fiscalía puede perseguir de oficio los delitos contra estos funcionarios públicos.
El asesor jurídico de ANPE-Madrid, Enrique Álvarez, explicó que la autoridad pública goza de presunción de veracidad; por tanto, en caso de conflicto con alumnos o familiares, "éstos soportarán la carga de la prueba". Al considerar al profesor como autoridad se vela por su prestigio, dignidad y honor en el ejercicio de sus funciones, para conseguir una educación de calidad, según indicó.
Álvarez manifestó que con la nueva ley que provee de autoridad a los profesores, "como la tienen los inspectores o los pilotos", otorgará la presunción de veracidad a los maestros y éstos tendrán una protección penal específica. Así, la agresión será tipificada como un delito de atentado contra autoridad pública, que lleva aparejada una pena de entre dos y cuatro años para los mayores de edad.
"Hasta ahora, si había daños se consideraba una infracción penal y el agresor quedaba impune o tenía que pagar una multa de 100 ó 200 euros", señaló el abogado. También se recordó que actualmente los profesores víctimas de una agresión tienen que demostrarla y aportar pruebas y testigos, mientras que con la nueva ley su testimonio tendrá presunción de veracidad.
Por otro lado, esta nueva protección por parte del docente puede volverse en su contra si adopta decisiones injustas en relación a los alumnos, que podrían ser tipificadas como prevaricación. Por ejemplo, castigar a todos los alumnos en una clase sin identificar al infractor
La autoridad del profesor ampara además a toda la comunidad educativa en su obligación de proteger a los alumnos. "Conceder la autoridad pública al profesor no es convertirle en un policía uniformado sino dotarle de una protección especial de la que disponen actualmente, por ejemplo, los inspectores de Educación y Sanidad", dijo el abogado del sindicato independiente. "Si los agentes del Ser tiene presunción de veracidad sin ser funcionario. ¿Cómo no la va a tener un profesor?", se preguntó.
CINCO AÑOS DE LUCHA
El presidente de la asociación recordó que el reconocimiento de la autoridad pública del profesorado en el ejercicio de su función fue una iniciativa pionera de ANPE-Madrid, puesta en marcha en noviembre de 2004, a la cual se sumó el servicio del Defensor del Profesor, creado por la misma asociación.
Jiménez señaló que diversos estudios encargados por ANPE-Madrid, así como la propia experiencia del Defensor del Profesor, confirmaron "la urgencia de reinstaurar en los centros educativos un clima de trabajo y respeto a las normas, y devolver al profesorado el pleno ejercicio de la labor docente".
"Gracias a la insistencia de ANPE-Madrid, se promulgó el Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, que recoge en buena medida nuestras propuestas", agregó.
En noviembre de 2008, ANPE puso en marcha en todo el Estado la campaña 'Por el reconocimiento de la autoridad pública del docente en el ejercicio de su función', "con muy buena acogida entre el profesorado de Madrid y de toda España, y en la que ANPE-Madrid participó activamente".
Asimismo, su presidente presentó en la sesión plenaria del Consejo Escolar de la región, celebrada el 27 de noviembre de 2008, una enmienda sobre el reconocimiento de la autoridad pública del profesorado en el ejercicio de su función, que fue aprobada por la práctica totalidad de los consejeros.
Jiménez indicó que esta reivindicación, en principio contestada desde diversos sectores de la comunidad educativa, fue tomada en cuenta por el Fiscal General del Estado, que formuló a las Fiscalías territoriales en diciembre de 2008 para que consideraran como atentado contra funcionario público todas las agresiones, empleo de fuerza, intimidaciones o resistencia grave cuya víctima fuera un funcionario docente.
