Aprobada la ley que habilita a la Comunidad personarse como acción popular en causas como los disturbios de La Vuelta

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid, con los votos de PP y Vox, ha aprobado el proyecto de ley que habilita al Ejecutivo autonómico para el ejercicio de la acción popular en los casos en los que se atente contra el patrimonio natural, se dañe el histórico-artístico o se cometan delitos que afecten al desarrollo de eventos y espectáculos públicos como el último casos de los daños causados en la última etapa de la Vuelta Ciclista.

Para defenderlo, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha reivindicado que la Comunidad no es una administración "indolente que se va a quedar de brazos cruzados" contra los que promuevan ataques con el "acervo común" que es herencia de todos los madrileños.

"Actuar en estos casos en los procesos penales abiertos no es una opción, sino que es una obligación para preservar nuestra identidad, nuestra memoria y el orgullo como región", ha defendido.

El consejero ha señalado que el Gobierno ha promovido "constantes boicots" a eventos de gran impacto, como asegura que sucedió con la pasada edición de la Vuelta, donde el delegado, Francisco Martín, actuó como "un auténtico hooligan del sanchismo alentando los ataques violentos en la etapa final de la carrera que pusieron en riesgo la seguridad de corredores y también de familias con niños".

El texto ha sido aprobado por el procedimiento de lectura única en una normativa que tiene el objetivo de reforzar la protección de determinados bienes y acontecimientos públicos de interés general frente a conductas delictivas de especial relevancia.

Esta medida se suma a las causas de violencia contra la mujer y de terrorismo en los que la Administración autonómica ya se persona para salvaguardar los intereses de las víctimas y sus familias.

Con este Proyecto de Ley se modificarán la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid; la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

Aunque el Gobierno regional se persone para el ejercicio de la acción popular, el texto del anteproyecto recoge que no impide que la Comunidad de Madrid pueda intervenir asimismo en los procesos penales cuando resulte directamente perjudicada (acusación particular), o para reclamar el importe de los daños ocasionados por el delito (acción civil), o que pueda ejercitar el resto de las acciones que estime oportunas.

VOX, A FAVOR, PERO PIDE ENMIENDAS

Por Vox ha tomado la palabra Ana Velasco, quien se ha mostrado a favor de esta norma, pero ha afeado a PP no haber recibido respuesta a las enmiendas que habían registrado. La parlamentaria ha sacado pecho de que su formación se ha presentado como acusación popular tanto en el juicio del 'procès' contra los políticos independentistas catalanes como en la causa de revelación de secretos contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y el 'caso Koldo'.

Velasco ha reivindicado la acción popular como "pilar fundamental de la Justicia" y ha reprochado al Gobierno central su reforma que pretendía "restringir severamente" esta figura.

Por eso considera que este proyecto de ley es "muy oportuno" porque "va a contracorriente" de los objetivos del Ejecutivo central, pero entiende que es una ampliación "tan limitada" que solo afecta a las causas en las que el PP regional podría tener "un interés político partidista".

PSOE VE UN ATAQUE AL DERECHO DE LA MANIFESTACIÓN

La siguiente en intervenir ha sido la diputada del PSOE Tatiana Jiménez, quien ha tachado el proyecto de ley de la "mayor contradicción" del Gobierno regional y uno de los "más peligrosos" al apuntar a los manifestantes que ejercen el derecho recogido en el artículo 21 de la Constitución, en alusión a La Vuelta Ciclista a España.

"Fue una protesta ciudadana y, contra esa protesta ciudadana, el Gobierno de la señora Ayuso quiere tener una ley que le permita llevar al que protesta a los tribunales. Un proyecto que nace de la incomodidad política de un Gobierno ante sus propios ciudadanos", ha lanzado.

Además, Jiménez ha destacado que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional normas autonómicas "análogas a esta" al entender que invaden la competencia exclusiva del Estado en materia procesal. También ha indicado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se está tramitando en el Congreso "excluye expresamente a las comunidades autónomas del ejercicio de la acción popular y dejaría esta ley sin efecto".

MÁS MADRID LA CALIFICA DE "LEY TIRITA"

Por su parte, la diputada de Más Madrid Alicia Torija ha afirmado que aunque hay normas que "nacen para resolver problemas reales, identificables, contrastados en la práctica" y otras que "nacen para dar la sensación de que se hace algo aunque no esté claro ni qué problema se resuelve, ni si realmente hacía falta hacerlo".

"Y luego está esta ley. Una ley preventiva, una ley de anticipación o, si me permiten, una ley tirita. Como cuando a un niño le duele algo pero no sabe muy bien el qué y la madre, para calmarle, le pone una tirita de colores", ha lanzado.

Considera que lo que la propuesta de la Comunidad no implica ampliar la acción popular sino "cambiar el titular". "Cuando el poder ocupa el espacio diseñado para controlarlo, lo que se produce no es una mejora del sistema, es una transformación de su naturaleza. La acción popular deja de ser un mecanismo de participación y control y pasa a ser un instrumento de intervención institucional", ha rematado.