Archivada la querella de IU contra Cifuentes por las identificaciones a los manifestantes del 27-0

Foto: EUROPA PRESS

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

   La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la querella que presentó Izquierda Unida contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por las identificaciones que realizó la Policía durante las protestas de la acción 'Rodea el Congreso' que tuvieron lugar el 27 de octubre de 2012.

   En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, los magistrados de la Sección 30 de la Audiencia madrileña acuerdan archivar de forma definitiva la querella presentada por los diputados de IU Alberto Garzón y Ricardo Sixto.

   De este modo, desestiman el recurso de apelación presentado por Izquierda Unida contra un auto dictado en febrero de 2013 en el que el juez que instruyó la causa acordó cerrar la investigación. El auto dictado por la Audiencia es firme, por lo que no cabe recurso contra él.

   La resolución recalca que es "discutible" el hecho de que una protesta como la que tuvo lugar el 27 de octubre de 2012 en el Congreso  "no suponga de por sí una alteración de orden público".

   Asimismo, los magistrados respaldan la actuación de la Delegación de Gobierno en Madrid y aseguran que las identificaciones a los manifestantes "no resulta desproporcionada para mantener la seguridad ciudadana".

   "En todo caso, ante la ausencia de servicios del orden propio de la manifestación, garantizar un orden en cuanto a evitar daños a personas y bienes, con presencia mínimamente activa de los agentes de la autoridad no resulta desproporcionado", recoge el texto judicial.

   También se oponen a tachar las identificaciones como una prevaricación, dado que a su juicio "la identificación de algunas personas no equivale a una resolución claramente injusta, con plena conciencia de ello".

   "Imputar a una persona una alteración del orden público, al acordar la incoación de un procedimiento sancionador, no puede ser constitutivo de un delito de falsedad", agrega el fallo.

FALSEDAD DOCUMENTAL

   La querella fue presentada el 12 de diciembre de 2012 en los Juzgados de Instrucción y en ella se acusaba a la delegada del Gobierno de "supuestos delitos de falsedad documental, contra la Administración Pública y el cometido contra la Constitución por autoridad o funcionario público contra los derechos individuales", explicó entonces la coalición.

   Ricardo Sixto y Alberto Garzón señalaban que con esta acción judicial su partido perseguía dar respuesta a las identificaciones indiscriminadas y "a las duras e injustas sanciones impuestas" a varios centenares de personas" que participaron "e, incluso, no llegaron a hacerlo", en las protestas convocadas a través de las redes sociales en las inmediaciones del Congreso.