Asamblea aprueba, con votos del PP, la desafectación de los terrenos de la Cañada a su paso por Rivas, Coslada y Madrid

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, con los únicos votos del PP, la ley que aprueba la desafectación de la Cañada Real Galiana a su paso por los municipios de Rivas Vaciamadrid, Coslada y la ciudad de Madrid. PSOE e IU se han opuesto por el plazo de dos años que fija la ley para dar una solución social a los vecinos de la zona.

El texto establece que tras su desafectación los terrenos tendrán consideración de "bienes patrimoniales" de la Comunidad de Madrid, que podrá enajenarlos, cederlos a los ayuntamientos en cuyo término municipal se encuentren o a terceros, permutarlos o llevar a cabo cualquier otro negocio jurídico permitido por la Ley de Patrimonio de la Comunidad.

No obstante, antes será necesario que, en el plazo de dos años, las administraciones implicadas hayan alcanzado el acuerdo marco de contenido social.

Ésta ha sido la razón por la que la norma no ha contado con el apoyo de todos los grupos, ya que PSOE e IU se oponen al plazo establecido porque consideran que "es imposible" solventar los problemas sociales de la zona en el plazo que fija la ley.

UNA COMISIÓN AD HOC

La consejera del ramo Ana Isabel Mariño ha destacado en los pasillos de la Asamblea que hoy es un día "muy importante" para los vecinos de la Cañada Real y ha considerado que hoy se da "un paso de gigante" para dar solución al problema de los vecinos de la vía pecuaria.

Mariño ha señalado que la aprobación de la ley es "el principio de la solución" para la vía pecuaria y ha reseñado que a partir de ahora "hay que trabajar duro", ya que tras la desafectación de los terrenos de la zona, los ayuntamientos tienen seis meses para elaborar un censo que marcará "las estrategias" que servirán de soporte para que la comisión, que se va a crear ad hoc para debatir sobre el tema y que contará con representación de todas las entidades públicas y privadas afectadas, debata sobre la solución de los problemas.

Tras destacar que el acuerdo social es la "base de la ley", la consejera ha indicado que "sobre la base de las decisiones que tome esa comisión", los ayuntamientos determinarán "qué hacen con los suelos", lo que establecerá "el futuro de las personas que viven ahí".

El punto que ha generado mayor controversia y que ha hecho que la oposición se oponga a la norma ha sido el plazo de dos años que fija la ley para que se consiga llegar a un acuerdo social.

"Teníamos que ponerle un plazo para que de verdad fuera ejecutiva y diera visos de futuro a las personas que viven ahí", ha destacado Mariño, que ha defendido que la ley no puede quedar abierta "sine die" si no se quiere "que se convierta en simple papel mojado".

FALTA DE SOLUCIÓN SOCIAL

El diputado socialista Antonio Fernández Gordillo ha explicado que votan en contra de la Ley porque la norma "no contiene ningún instrumento para intervenir y realojar a las más de 20.000 personas que malviven en la Cañada" y "no contiene ningún instrumento para reordenar medioambientalmente" la zona.

"Es un proyecto obsesionado con el régimen del suelo. Lo único que contiene es la desafectación del suelo", ha criticado el dirigente socialista, que ha indicado que "se ha perdido una magnífica ocasión" para llegar a un acuerdo y se ha "roto el acuerdo institucional" al que se llegó en el verano de 2009. "Se ha roto por la soberbia y la incapacidad de dialogar y definir instrumentos para poner fin a esta situación de exclusión social que se vive en pleno siglo XXI", ha opinado.

"El problema no es los dos años sino que no hay instrumentos para intervenir en la Cañada cuando el problema del realojo, los equipamientos educativos, sanitarios, la ordenación urbanística, son competencias de la Comunidad de Madrid", ha señalado Fernández Gordillo.

La diputada de IU Carmen Pérez-Carballo ha recriminado que el PP regional no ha llegado a un acuerdo con los grupos de la oposición, ni con el Ayuntamiento de Madrid, que es del Partido Popular.

La parlamentaria ha destacado también que los tres ayuntamientos implicados (uno del PP, otro del PSOE y el tercero, de IU) han mostrado su "oposición" a la norma. "Difícil trayecto le espera a una ley a la que se oponen todos los implicados en ejecutarla", ha exclamado la parlamentaria.

Por su parte, la portavoz del PP en la materia, Elena Utrilla, ha negado que esta ley suponga pasar la patata caliente a los ayuntamientos, sino que ha asegurad que "la Comunidad va a estar en la solución de la Cañada Real".

La diputada ha destacado que será el censo de los ayuntamientos el que establezca si los habitantes de la zona tienen derechos o no a quedarse en la zona, y ha defendido que la ley no contenga una memoria económica, ya que primero hay que hacer un trabajo previo. "¿Cómo vamos a hacer un presupuesto si no hemos cuantificado los derechos?", se ha preguntado Utrilla.

"Ahí no existe Cañada Real. No hay pastores ni ovejitas ni se prevé que en futuro vengan pastores u ovejitas", ha destacado Utrilla.