La asociación El Defensor del Paciente pide a Güemes responsabilidades por el extravío de un feto en el Hospital La Paz

Actualizado: martes, 3 julio 2007 19:25

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, urgió por escrito hoy al consejero de Sanidad, Juan José Güemes, a "depurar responsabilidades" por el supuesto extravío de un feto en el Hospital La Paz, caso que ha sido denunciado por los afectados en los tribunales.

Para Flores, se trata de un hecho "escandaloso" que es "una muestra más de la caótica situación de la sanidad madrileña y, más concretamente, en la desastrosa gestión" que, a su juicio, realiza el citado centro hospitalario público.

"De forma inmediata se deben depurar responsabilidades de forma que este tipo de situaciones no se repitan dando la sensación de vivir en una sanidad donde impera la irresponsabilidad y la anarquía", declaró.

La presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente insistió además en que "este es uno más de los numerosos escándalos sanitarios", por lo que "ya es hora de tomar medidas".

DENUNCIA JUDICIAL

El caso al que se refiere Flores es el de una familia madrileña que ha denunciado en los tribunales al Hospital La Paz por el extravío de un feto de ocho meses que le fue extraído, ya sin vida, a la madre el pasado 1 de marzo.

El texto de la denuncia, al que tuvo acceso Europa Press, refleja que la gestante ingresó en el hospital maternal en dicha fecha tras objetivarse, mediante ecografía, el fallecimiento del feto, cuya expulsión se produjo mediante parto natural y que pesaba 1.730 gramos.

La familia autorizó con su firma la necropsia del cuerpo del bebé para conocer la causa del fallecimiento y lo donó al hospital para su posterior incineración. Sin embargo, días más tarde, cuando se interesaron por el resultado de la necropsia, el centro hospitalario aseguró ignorar el destino final del feto y no tener constancia alguna de la realización de la necropsia.

La defensa de los perjudicados, de la que se encarga la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias (AVINESA), entiende que el caso podría constituir un ilícito penal y vulnera lo dispuesto en el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid sobre el destino que debe darse a los restos humanos.