La Audiencia aplaza al 10 de junio el juicio del 'ácido bórico' a la espera de la sentencia por el 'caso Atutxa'

Actualizado: miércoles, 19 marzo 2008 12:04

Fiscalía, Abogacía del Estado y defensa piden el sobreseimiento de la causa en aplicación de la doctrina del "caso Botín"

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha aplazado hasta el próximo 10 de junio la celebración del juicio previsto para la próxima semana por el 'caso del ácido bórico', en el que se investiga la presunta manipulación de un informe pericial que relacionaba ETA con los atentados del 11-M, a la espera de conocer los argumentos del Tribunal Supremo en la sentencia que condenó al ex presidente de la Cámara Vasca Juan María Atutxa con la única acusación de la acción popular.

La fundamentación jurídica que esgrima el alto tribunal será determinante para que la Sección Decimoquinta decida si decreta el sobreseimiento de este procedimiento, conforme a la petición de la Fiscalía de Madrid, la Abogacía del Estado y la defensa de los imputados. Estas partes basan el archivo en la doctrina del "caso Botín", que impide la celebración de un juicio a instancia exclusiva de la acción popular.

Según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, el aplazamiento de la vista se debe exclusivamente a la imposibilidad de uno de los abogados defensores de la cúpula de la Policía Científica de asistir a la vista que estaba prevista inicialmente para el próximo 25 de marzo. La Sección ha señalado ahora el juicio para los días 10, 11, 12 y 17 de junio. Se prevé que en estas fechas el Supremo haya hecho pública la sentencia que condenó a Atutxa, cuyo fallo ya se conoce.

La condena contra el ex presidente del Parlamento vasco supuso una reinterpretación de la doctrina adoptada anteriormente por el Alto Tribunal en relación al 'caso Botín', que evitó que llegara a celebrarse un juicio contra el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, por el denominado 'caso de las cesiones de crédito'.

Los magistrados del TS argumentaron entonces que no es posible la apertura de juicio oral cuando se cuenta únicamente con la acusación ejercida por la acción popular. Esta apreciación, denominada como 'doctrina Botín', fue empleada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado el pasado 12 de febrero, fecha que se marcó para el inicio de la vista.

En la fase de cuestiones previas, solicitaron a la Sala el sobreseimiento de la causa contra cuatro altos mandos policiales, entre ellos al comisario general de la Policía Científica, Miguel Angel Santano, por el denominado "caso del ácido bórico", alegando la ausencia de acusación fiscal o particular.

SUPUESTO INFORME MANIPULADO

Junto a Santano, se volverán a sentar en el banquillo el 10 de junio el secretario general, Pedro Luis Mélida, el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas y el jefe de la Sección de esa unidad, Francisco Ramírez. Todos ellos están acusados de tres delitos de falsedad documental, falso testimonio y, en el caso de Santano, también por encubrimiento.

Según la acusación popular, los acusados ordenaron presuntamente corregir de forma fraudulenta un informe que relacionaba el hallazgo de ácido bórico en el domicilio del procesado por el 11-M Hassan el Haski con la organización terrorista ETA, eliminando la alusión a la banda terrorista.

En contra de la postura defendida por los servicios jurídicos del Estado, las asociaciones que ejercen la acusación popular --Sindicato Manos Limpias, Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)-- solicitaron el 12 de febrero la apertura del proceso al tribunal, presidido por el magistrado Alberto Jorge Barreiro.

Tras deliberar, la Sala consideró "absolutamente imprescindible conocer la sentencia del 'caso Atutxa'". "Sería un absurdo acordar el sobreseimiento o la apertura de juicio antes de conocer los matices de esa sentencia", añadió Barreiro.

Antes de eso, el fiscal reiteró su petición de sobreseer la causa debido a la ausencia de la acusación particular "tal y como indicó el Tribunal Supremo a través de la 'doctrina Botín'".

Por su parte, la defensa de los acusados ejercida por José Antonio Choclán, solicitó al tribunal "la nulidad del auto de apertura de juicio oral" amparándose también en que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han presentado cargos contra sus defendidos. En ese sentido, añadió que en la presente causa el único que tiene legitimidad para ejercer la acusación particular es el abogado del Estado.