MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Madrid ha levantado la prohibición que pesaba sobre los policías locales de Coslada imputados en la trama de corrupción destapada en la 'Operación Bloque' de reincorporarse a sus antiguos puestos de trabajo. Por tanto, deja sin efecto la suspensión de su actividad como policías impuesta por el juez Eduardo Cruz Torres a los agentes cuando les dejó en libertad a finales de 2008.
En autos individuales, a los que tuvo acceso Europa Press, el magistrado acuerda estimar los recursos de apelación formulados por las defensas de cuatro imputados contra la decisión del instructor de imponerles la imposibilidad de volver a la Policía tras decretar su puesta en libertad bajo fianza de 3.000 euros.
De este modo, la Sección Cuarta de la Audiencia madrileña levanta "la medida cautelar de carácter penal de suspensión de la actividad como Policía Municipal" impuesta a los agentes, que "deja sin efecto". Sin embargo, el Ayuntamiento se niega a reincorporarles en virtud de los expedientes sancionadores que abrió a los agentes.
"El Ayuntamiento no les va a incorporar al tener la competencia en la tramitación de los expedientes sancionadores", aseveró a Europa Press el abogado Francisco Rubiales, que representa al Consistorio cosladeño. "No acatamos la decisión de la Audiencia en lo que se refiere a la tramitación administrativa, sin perjuicio de que se pueda recurrir", indicó.
HABILITACIÓN LEGAL INSUFICIENTE
Por un lado, la Audiencia se pronuncia sobre la situación de Isaac G.N., José B.J. y Miguel S.F., a quienes se acusa de asociación ilícita y de un delito de sustracción o apropiación indebida de dinero en metálico intervenido en una operación policial. Sus letrados alegaron que la prohibición de poder incorporarse de nuevo a su puesto vulneraba su derecho al trabajo, dado que "se les priva de la posibilidad de acceder a ningún otro empleo remunerado".
Tras analizar sus situaciones, la Audiencia acepta el recurso al estimar que la medida cautelar impuesta carece de "la suficiente habilitación legal para su imposición y resulta no adecuada al fundamental principio de proporcionalidad, tanto por su contenido como por su extensión ilimitada, a la finalidad que con ella se persigue, existiendo otros medios aptos en Derecho para lograr la protección a las víctimas a la que se alude como objetivo de la misma".
Por otro, los magistrados sostienen en el caso de Pedro P.F. que "la ausencia de fundamentación" ha ocasionado indefensión al recurrente, al impedirle conocer "los motivos que sustentan la adopción de la medida, y, en consecuencia, articular los argumentos defensivos y los medios probatorios precisos para rebatirla, aún cuando ello fuera por vía de recurso, ya que, procedimentalmente, la medida ha sido adoptada inaudita parte".
EN LIBERTAD
El juez Cruz Torres acordó a finales de 2008 dejar en libertad bajo fianza de 3.000 euros a la mayoría de los agentes imputados, a excepción del ex jefe de la Policía local Ginés Jiménez y su 'mano derecha' Carlos M.G. El magistrado les impuso como medida cautelar comparecencias judiciales los días 8 y 22, así como la prohibición de incorporarse a la Policía.
Los abogados de los imputados recurrieron esta última decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid al esgrimir que la única fuente de ingresos de los acusados es su trabajo como agentes en Coslada.
El Gobierno municipal mantenía suspendidos a los agentes imputados de empleo y sueldo desde que el caso estalló el pasado mayo con la detención de 26 agentes implicados en la corruptela policial. Y a raíz del mandato judicial de prohibirles volver a su puesto, el Consistorio decidió abrirles un expediente sancionador.
ESTADO DE LA CAUSA
La investigación del 'caso Coslada' continúa casi un año después en la fase de declaraciones. Por ahora, siguen en la prisión de Alcalá Meco Ginés y Carlos M.G., considerado el principal cabecilla del 'Bloque'.
Al 'sheriff' de Coslada se le imputan delitos de extorsión, amenazas, prevaricación, cohecho y tenencia y depósito de armas. Es previsible que Ginés abandone la prisión a finales de enero o febrero, según las mismas fuentes.
A Carlos M.G., se le acusa de asociación ilícita, abusos sexuales, incitación a la prostitución, contra la integridad moral, lesiones, sustracción y apropiación indebida de droga y dinero, prevaricación, estafa y contra la Administración de Justicia por la manipulación de pruebas
