La Audiencia de Madrid, al borde del "colapso": 9.000 recursos de violencia machista atascados

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González, ha alertado este martes de la situación "grave y dramática" que atraviesa el tribunal, especialmente en las jurisdicciones Civil y de Violencia sobre la Mujer (con 9.000 recursos pendientes), denunciando el "maltrato institucional" del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por la práctica eliminación de los planes de refuerzo.

En la presentación de la Memoria de este órgano, ha lanzado una dura crítica al Ministerio de Justicia al denunciar que la reducción de un 90% de los planes de refuerzo (de los 20 jueces se han mantenido solo dos) ha colocado al tribunal en una situación de "absoluto colapso", con consecuencias directas para miles de ciudadanos que esperan la resolución de sus recursos. En el orden civil, las esperas se alargan incluso hasta los siete años.

"La Justicia nunca ha sido una prioridad para ningún Gobierno. Pero en Madrid, estas decisiones suponen un maltrato", ha espetado el presidente de esta sede judicial.

La principal preocupación del máximo responsable de la Audiencia se centra en la jurisdicción Civil y Mercantil, que constituye la mayor área de actividad del tribunal y que, como órgano de apelación, representa la cúspide de esta jurisdicción en la Comunidad de Madrid, salvo el Tribunal Supremo.

Según ha explicado, la litigiosidad ha experimentado un crecimiento "exponencial" en los últimos años hasta multiplicarse por 4,5 la carga de trabajo. Solo en 2025 se registraron cerca de 80.000 recursos, lo que supone un incremento del 48,17 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Este aumento responde, principalmente, a la avalancha de litigios relacionados con el consumo y el derecho bancario, como reclamaciones por cláusulas suelo, microcréditos o productos financieros, además del fuerte incremento de los procedimientos monitorios, que han aumentado un 200 por ciento.

El presidente ha advertido de que el efecto más visible de esta sobrecarga es el tiempo de respuesta de la Audiencia. Si en 2021 un recurso civil tardaba una media de cinco meses en resolverse, actualmente el plazo alcanza ya los ocho años, un dato que ha calificado de "alarmante".

Ha recordado que durante los últimos años la Presidencia impulsó distintos planes de refuerzo para hacer frente a una litigiosidad que "no puede ser asumida por la planta judicial ordinaria". Sin embargo, ha lamentado que el Ministerio haya cambiado radicalmente de criterio.

"Hace cinco años el Ministerio aprobaba sin problemas los planes de refuerzo y ahora, alegando motivos presupuestarios, prácticamente los ha eliminado", ha señalado. En este sentido, ha denunciado que los apoyos se han reducido un 90 por ciento y que actualmente la jurisdicción Civil solo cuenta con dos magistrados de refuerzo.

A su juicio, esta decisión "condena a la Audiencia Provincial de Madrid al colapso absoluto", con graves consecuencias para la tutela judicial efectiva de los ciudadanos en asuntos cotidianos como herencias, comunidades de propietarios, arrendamientos, defectos de construcción o conflictos bancarios.

"Los ciudadanos tienen derecho a obtener una respuesta judicial en un plazo razonable y eso hoy no está garantizado", ha advertido, al tiempo que ha acusado al Ministerio de mantener una situación de "abandono y maltrato institucional" por razones exclusivamente presupuestarias.

VIOLENCIA SOBRE LA MUJER: MÁS DE 9.000 RECURSOS PENDIENTES

El presidente también ha mostrado una especial preocupación por la situación de las dos secciones especializadas en Violencia sobre la Mujer, cuya carga de trabajo se ha disparado tras la ampliación de competencias derivada de la nueva legislación.

Según ha explicado, ambas secciones ya soportaban una carga "elevadísima" y ahora deben asumir un importante volumen adicional de procedimientos especialmente sensibles y complejos. Como consecuencia, la Audiencia acumula ya más de 9.000 recursos pendientes en esta jurisdicción y el tiempo medio de resolución alcanza los dos años.

El presidente ha calificado estas cifras de "inaceptables" y ha advertido de que resultan contradictorias con el discurso del Gobierno sobre la prioridad de la lucha contra la violencia contra la mujer.

"Si realmente es una prioridad, la respuesta judicial no puede demorarse dos años", ha venido a señalar, al insistir en que la situación actual impide ofrecer una tutela judicial adecuada en una materia especialmente sensible para las víctimas.

Por ello, ha reclamado al Ministerio no solo un incremento de la planta judicial, sino también la aprobación "inmediata y urgente" de nuevos planes de apoyo y refuerzo para evitar el colapso tanto de la jurisdicción Civil como de la de Violencia sobre la Mujer.

ÁMBITO PENAL

En el ámbito penal, durante 2025 ingresaron 36.685 asuntos, un 6,19% más que el año anterior, mientras que se resolvieron 33.976 procedimientos, un 5,16% más. Sin embargo, el número de asuntos pendientes aumentó un 29,7%, al pasar de 9.360 a 12.141 expedientes.

En el orden civil, las secciones generales registraron 44.948 asuntos durante 2025 frente a los 32.418 del ejercicio anterior, mientras que la pendencia aumentó un 47,45%.

Especial preocupación genera la situación de la Sección 25 bis, especializada en condiciones generales de contratación, que cerró el año con 35.825 asuntos pendientes tras recibir 20.646 nuevos recursos y resolver únicamente 1.419.

La Memoria considera que el sistema judicial carece actualmente de recursos suficientes para absorber este volumen de litigios y apunta que la solución pasa también por impulsar mecanismos alternativos de resolución de conflictos entre entidades financieras y grandes litigantes.

Ante este escenario, la Audiencia Provincial reclama la incorporación de 12 nuevos magistrados para las secciones penales y nueve para las civiles, además del mantenimiento de los refuerzos actualmente vigentes y la creación de nuevas secciones especializadas para afrontar las nuevas competencias en violencia sobre la mujer y, próximamente, en violencia contra la infancia y la adolescencia.