Ayuntamiento dice que no ha perdido desde junio 2011 ningún proceso judicial con gestora de La Cubierta

LEGANÉS, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local de Leganés, del PP, ha recordado este martes que el Ayuntamiento "no ha perdido" ningún proceso judicial con la empresa gestora de la plaza de toros La Cubierta, 'Asuntos Taurinos y Espectáculos' (ASTESL), y ha subrayado que las posibles sentencias ganadas por el consejero-delegado de la compañía, Julio Torres, "corresponden a litigios acaecidos en pasadas legislaturas" y que en ningún caso suman los 242.000 euros que reclama ASTESL.

Así ha respondido el Ayuntamiento leganense a las afirmaciones de la concesionaria de La Cubierta. En este sentido, el Ejecutivo local ha recordado que la clausura de las instalaciones por deficiencias --lo que habría ocasionado perjuicios económicos a la empresa-- son "una responsabilidad única y exclusivamente" de la compañía.

En cualquier caso, las mismas fuentes municipales han instado a Julio Torres a que demuestre que esta actuación municipal le habría ocasionado unas pérdidas de ingresos cuantificadas en 2 millones de euros al año.

De hecho, según las mismas fuentes, en 2010, 'Asuntos Taurinos y Espectáculos SL' "declaró una facturación de 1.080.000 euros y un beneficio de 280.000 euros".

En esta línea, el Ayuntamiento ha alegado que sólo pretende el "más escrupuloso cumplimiento de la legalidad vigente" y, por ello, ha justificado el inicio del expediente para retirar la concesión de la gestión de La Cubierta por los "graves incumplimientos del concesionario, al no completar --ha agregado-- los festejos taurinos programados y anunciados por él mismo los pasados días 17 y 18 de agosto de 2013, y su negativa a corregir su comportamiento".

TALANQUERAS INSTALADAS

Por último, desde el Consistorio leganense se ha negado que la Policía municipal "impidiera a los operarios (de la empresa) quitar las talanqueras de los encierros una vez concluidas las fiestas patronales".

Esta situación habría generado que las talanqueras permaneciesen varios días instaladas tras la finalización de las fiestas.

"Es el concesionario el que tendría que aportar pruebas de que eso ocurrió", ha alegado el Ayuntamiento, quien ha remarcado que "puede dar fe con un informe policial de que tal afirmación no se corresponde con la realidad".