El Ayuntamiento, los sindicatos y CEIM instan al Estado a permitir la refinanciación de deuda en 2011

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, los sindicatos UGT y CC.OO. de Madrid y CEIM han acordado este lunes en el seno del Consejo Local para el Desarrollo del Empleo instar al Ejecutivo central a que permita a las corporaciones locales refinanciar la deuda que les vence este ejercicio, en línea con la petición presentada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Además, los agentes económicos también han apoyado al Consistorio, mediante una declaración conjunta, en la petición de la puesta en marcha de una línea ICO para el pago a proveedores, muy dilatado actualmente por la falta de liquidez en las tesorerías municipales.

En la declaración se incluye asimismo la petición de que, "en el plazo más breve posible", se inicie la modificación de la Ley de Financiación Local para que entre en vigor el 1 de enero de 2012, considerando "imprescindible" ese cambio normativo para "garantizar la suficiencia financiera" que la Constitución reconoce a las corporaciones locales.

"Es imprescindible que las administraciones públicas dispongan de las mejores herramientas posibles para desarrollar políticas que minimicen su impacto en la vida de los ciudadanos y que garanticen la necesaria dinamización de la economía para lograr invertir la actual tendencia de destrucción de empleo", argumenta la declaración.

Además, señala que "la necesidad de cumplir con los requisitos de estabilidad impuestos por la legislación estatal hacen imprescindible la búsqueda de instrumentos que permitan aumentar la capacidad financiera de las administraciones" sin incrementar con ello el déficit.

Por eso, los firmantes consideran que una de las opciones "más idóneas" es la refinanciación de la deuda por parte de las administraciones locales, "formalizando cada año operaciones de endeudamiento por un importe equivalente o ligeramente inferior a los vencimientos del propio ejercicio".

Así se conseguiría dotar de "mayor liquidez" a las tesorerías municipales lo que, a su vez, reduciría "sensiblemente" el plazo de pago a proveedores, que actualmente suponen "una amenaza para la viabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas y de cientos de puestos de trabajo".

CONSENSO Y CONCERTACIÓN

El documento ha sido presentada este lunes por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, quien estuvo acompañado por los secretarios generales de UGT-Madrid y CC.OO. de Madrid, José Ricardo Martínez y Javier López, respectivamente; el presidente de CEIM y de la Cámara de Comercio, Arturo Fernández; y otros empresarios madrileños, así como miembros de la Corporación municipal.

El primer edil ha subrayado la importancia de que este acuerdo se haya alcanzado por "consenso" y ha destacado que, "al margen de la obligación constitucional", el Consistorio madrileño "trabaja desde el acuerdo o, cuando no es posible, desde el diálogo permanente entre agentes sociales y Administración pública".

Por ello, ha agradecido "públicamente el ejercicio de responsabilidad de los empresarios y trabajadores de Madrid" porque ésta es "la primera vez que sindicatos y patronal se unen a las reivindicaciones del Ayuntamiento y la FEMP para que el Gobierno ponga freno al deterioro de la financiación de la administración local".

En este sentido, Martínez (UGT) ha señalado que en Madrid hay "266.200 razones" para que, en "estos tiempos de zozobra", las administraciones públicas intenten acordar las soluciones a la crisis, y ha opinado que "la salida de la crisis debe pasar por las entidades locales", que pasa de forma "imprescindible" por una "dinamización económica municipal".

"Ya ha llegado el momento de que los partidos políticos actúen con mayor diligencia en el Parlamento para afrontar de verdad las necesidades de las administraciones locales, llevándose a cabo la segunda descentralización democrática", ha continuado, apostando por una remunicipalización de servicios públicos y por "evitar la locura" de endeudamiento en algunas administraciones.

Por su parte, Javier López (CC.OO.) ha indicado que una de las reformas estructurales más importantes, a su juicio, para "corregir los problemas de la economía" y hacer frente a la crisis es precisamente la reforma de la financiación municipal, que se debe hacer "con tiempo, rigor y transparencia" para "despejar las dudas sobre el futuro de algunas empresas que no podrán sobrevivir".

"También tendrá efectos políticos, porque la falta de un modelo claro está en la base de casi todas las presencias de responsables políticos en los juzgados", ha continuado, asegurando que, por ello, "dotar de estabilidad y seguridad financiera a los ayuntamientos no admite dilación".

En cuanto a Arturo Fernández, ha admitido que se siente "esperanzado" al ver que es posible conseguir un "amplio consenso" sobre este tema y ha citado las palabras de Ortega y Gasset de que "sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos".

"Los empresarios estamos absolutamente convencidos de que con este tipo de acciones se contribuye a salir de la crisis y hacer frente al problema de la destrucción de empresas y puestos de trabajo. Espero que el Gobierno central asuma la dirección correcta que, de forma responsable, le señalamos", ha concluido.

NO A LA DISCRIMINACIÓN

Por otra parte, Gallardón ha insistido en que "no se trata de un problema específico de Madrid, sino de todos los ayuntamientos de España" y que lo que piden es "la finalización de la discriminación, no un trato de favor para nadie".

"No pedimos cosa distinta de lo que se ha dado el Estado a sí mismo y a las comunidades autónomas, y lo pedimos desde un profundo sentido social y de justicia, porque se nos está obligando a convertir deuda financiera en comercial", ha explicado el regidor.

A renglón seguido, ha insistido en que su única petición es que "el tejido social de Madrid no tenga que estar financiando a los bancos" porque "la deuda en manos de las entidades bancarias no supone ninguna pérdida de trabajo" como sí pasa con la deuda comercial.

"Si alguien me preguntase que si pensamos que esta petición unánime modificará el criterio del Gobierno, la respuesta sería pesimista. Pero si después me preguntasen si éste ha sido un acto inútil, la respuesta es 'rotundamente no', porque la utilidad de esta declaración es poner en valor la justicia que significa, no ya para los gobiernos locales sino para los propios ciudadanos, que este país no puede permitirse endosar a los pequeños y medianos empresarios una deuda que tiene que asumir el sistema financiero", ha proclamado.