Considera que se ha presentado "de forma arbitraria" y que "invade competencias sin justificación" La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que interpondrá la próxima semana un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley de medidas de sostenibilidad económica del Gobierno, que incluye el plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización para reducir el consumo de energía en edificios administrativos, recintos públicos y comercios. Lo ha anunciado en la rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Móstoles. La dirigente madrileña ha desgranado que ha dado orden a los servicios jurídicos de presentar este recurso ya que el decreto "se ha presentado de forma arbitraria" y "autoritaria" y atenta "contra los comercios y demás establecimientos públicos en un momento muy difícil para todos ellos". Además, ha asegurado que "invade competencias sin justificación", especialmente en Sanidad y Comercio, "sin haber razones de urgencia". "En los últimos días hemos visto en algunos medios de comunicación cómo los propios afectados denunciaban que es una normativa sin sentido y que al imponerse de esta manera les ha sido imposible aplicarla o no hacerlo con la celeridad que quisieran porque se está perjudicando gravemente en su actividad empresarial", ha apuntado. La dirigente regional ha defendido que "los escaparates han sido siempre un reclamo para la venta, tanto de día como de noche, y más en una región con tanta vida popular las 24 horas del día". Asimismo, ha sostenido que en otros establecimientos la imposición de la temperatura está afectando al desarrollo comercial "seriamente". "Los comerciantes son autónomos que ya soportan muchas trabas administrativas, muchos impuestos y que necesitan, sobre todo, ayuda, para que los clientes opten directamente por entrar en sus establecimientos porque si no, dejarán de comprar o se irán a otras vías como el comercio online", ha avisado a continuación. En este punto, ha subrayado que en el Gobierno de la Comunidad tienen claro que autónomos, comerciantes, empresarios, necesitan "facilidades, colaboración, luz y apertura". A su juicio, esto se tiene que hacer "mediante dialogo y no amenaza de multa". Desde el Gobierno regional han detallado posteriormente que el Gabinete autonómico adopta esta vía al entender que el Real Decreto-Ley vulnera e incurre en una invasión competencial que corresponde exclusivamente a la Comunidad de Madrid gestionar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26.3.1.1, 27.8, 27.4, 26.3.1.2, 26.1.21 y 26.1.27 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero. También se considera que el artículo 29 vulnera los artículos 23.2 y 86.1 de la Constitución Española. El pasado mes de agosto, una vez conocido su contenido, el Ejecutivo autonómico anunció que interpondría un recurso de inconstitucionalidad, "ya que la medida ponía en riesgo a pymes y autónomos, disuadía al turismo y crea una mayor inseguridad en las calles de los municipios madrileños". "El texto del Gobierno central convertía, por ejemplo, a Madrid en la única gran capital europea cuyos escaparates quedarían a oscuras a las diez de la noche, entrando en colisión directa con la libertad de horarios comerciales existente en la región", han subrayado desde el Ejecutivo en una nota de prensa. Igualmente, y desde el punto de vista sancionador, la Comunidad cuestiona su aplicación, ya que no se especifica cuánto tiempo han de estar apagados los escaparates ni los edificios públicos. Aseguran, además, que el texto va en contra también el Decreto de Salud y Seguridad en el trabajo de 1997, que establece que las actividades denominadas de trabajo ligero, como son las propias del comercio y la hostelería, no se pueden superar los 25 grados de temperatura.
