Beatriz Corredor responde a la Comunidad que en ningún momento se ha dejado de pagar la Renta Básica de Emancipación

Actualizado: lunes, 15 septiembre 2008 18:21

Aclara que nadie cobrará esta ayuda si no ha pagado sus obligaciones con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) - La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró hoy que, en contra de la afirmación de la Comunidad de Madrid en la que se acusa al Ministerio de Vivienda de no pagar desde hace meses la Renta Básica de Emancipación, los pagos de esta ayuda no se han paralizado en ningún momento.

La ministra, en una entrevista concedida a Telemadrid, explicó que "es cierto que, en los primeros meses de entrada en vigor de la ayuda, la Comunidad de Madrid tuvo algunas reticencias y tardó algún tiempo en poner en marcha los mecanismos administrativos que necesitaba para su gestión", aunque subrayó que "en los últimos dos meses la Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo para ponerse a la altura de las comunidades que van más avanzadas en la gestión de los requisitos para el pago de lamenta Básica de emancipación".

A este respecto, la titular de Vivienda explicó que lo que han hecho este verano es "incluir una medida de seguridad que ya estaba prevista en el Real Decreto, que es que nadie cobre esta ayuda si no ha pagado sus obligaciones con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria". "Esta medida de seguridad ha supuesto el retraso de algunas rentas en el mes de agosto pero entre el 1 y el 5 de septiembre se pusieron al día todas las rentas". Además, ha querido recordar que, aunque la tramitación administrativa en las Comunidades Autónomas pueda demorarse el tiempo que cada una necesite, una vez que el joven tiene reconocido el derecho cobra con efecto retroactivo desde el momento en que la solicita", manifestó.

En el transcurso de la entrevista la titular de Vivienda destacó que las instituciones deben ser instituciones antes que partido. "Somos el Gobierno estatal, el Gobierno regional o el Gobierno municipal antes que el Gobierno socialista o el Gobierno popular. Tenemos la obligación de llegar a un acuerdo para trabajar por el bien de los ciudadanos porque nos han elegido para eso y no a mayor gloria de cada uno", consideró. En este sentido, la ministra subrayó que "lo que más daño les hace a los ciudadanos es la deslealtad institucional y en el ámbito de la vivienda se ve claramente".

En este sentido, Corredor recordó que el Ministerio, a través del Plan de Vivienda ahora en vigor, inyecta 1.200 millones de euros a las haciendas autonómicas para que puedan desarrollar sus planes de vivienda, mientras que los ayuntamientos ponen el suelo. "Con lo cual sería interesante que todos tuviéramos la idea de que si todas las Administraciones suman y trabajan de forma leal entre ellas para dar mejor servicio a los ciudadanos, será todo más eficaz", destacó la ministra.

En este sentido, recordó que en la Comunidad de Madrid hay muchos ayuntamientos que financian VPO y que el Estado le da fondos, como al resto de las Comunidades Autónomas, para que desarrollen, en el uso legítimo de sus competencias, el programa de vivienda que le parezca más adecuado para sus ciudadanos.

Operaciones Campamento y Chamartín

En lo que respecta a la Operación Campamento y a la Operación Chamartín, la ministra puso ambos casos como ejemplo de la obligación de todas las Administraciones de trabajar juntas. Corredor, que recordó que en este caso hay tres Administraciones implicadas (el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital) abogó por que todas se pongan de acuerdo "para evitar los obstáculos y agilizar los tramites administrativos para que se pueda desarrollar".

La ministra, que recordó que el Ministerio de Vivienda no tiene que ver con la Operación Campamento porque los terrenos son del Ministerio de Defensa, indicó que su Departamento se ha reunido con el Ayuntamiento de Madrid y con Defensa "para ver dónde están los cuellos de botella que están impidiendo que estas operaciones salgan adelante".

En este sentido, dijo ser optimista y que cree que "la responsabilidad de las Administraciones y que la lealtad institucional se van a imponer para desarrollar esta operación en los próximos meses".

En lo que respecta a la Operación Campamento, Beatriz Corredor expuso que la misma está en marcha y que "el plan se ha aprobado inicialmente y ahora sólo queda que se incorporen una serie de informes que faltan de otras Administraciones y que se apruebe definitivamente". En este sentido, anunció que están dispuestos a hacer de mediadores y el Ministerio "sea donde se reúnan todos los implicados para desbloquearlo".

VIVIENDAS CON PRECIO PROTEGIDO CONCERTADO

Por otra parte, la ministra de Vivienda recordó que el Gobierno está estudiando la posibilidad de eliminar el requisito de que una vivienda tenga que estar en el mercado durante un año sin vender para poder pasar a tener un precio protegido concertado. Esta propuesta, tal y como describió Beatriz Corredor, está enfocado a ayudar a las rentas medias, aquellas que tienen unos 3.000 euros de ingresos al mes y que no pueden optar a otro tipo de viviendas protegidas.

Asimismo, la ministra se refirió a los problemas que está atravesando el sistema bancario estadounidense, cuyo último episodio ha sido la quiebra de Lehman Brothers. Corredor aseguró que España cuenta con un sistema financiero "con unas regulaciones estrictas que dan un margen de seguridad suficientemente grande como para que podamos estar tranquilos desde el punto de vista de la solvencia de nuestras entidades financieras", al tiempo que destacó que "la garantía del Estado español sigue siendo suficientemente solvente".