MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juez Santiago Torres, que instruye el 'caso Becara', informó hoy al concejal-presidente del distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, de su imputación por un delito de tráfico de influencias en esta causa relacionada con presuntas irregularidades en la concesión de licencias de esta afamada tienda ubicada en plena 'Milla de Oro' de la capital.
El proceso se encuentra en fase de diligencias previas y se le ha informado al edil, un año y medio después de que se iniciara el proceso, de la imputación por este cargo aunque no se haya producido formalización alguna, explicaron fuentes de la Junta Municipal de Salamanca a Europa Press.
Fuentes de la Junta expusieron que la imputación por tráfico de influencias es el único ilícito penal que podría pesar sobre el edil ya que no serían asumibles otras como las de cohecho y prevaricación debido a que cuando se concedió la primera licencia a la tienda de decoración, en enero de 1999, ni siquiera era concejal del Ayuntamiento de Madrid. A eso se añade que ninguna de las cuatro licencias concedidas posteriormente fueron tramitadas desde la Junta Municipal que preside Henríquez de Luna.
Apuntaron, asimismo, que en año y medio que lleva abierto el proceso la parte demandante, la familia Goyeneche, la demandante, "no ha aportado ningún indicio del supuesto tráfico de influencias".
Además el edil ha recabado apoyos entre las filas populares sobre su gestión al frente de la Junta, respaldos procedentes del viceconsejero de Transportes, Luis Armada, y de la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez. Estos dos últimos testificaron en marzo por el 'caso Becara' ante el juez Torres.
El propio Íñigo Henríquez de Luna ya declaró cuando se inició el proceso que todo se debía a una "venganza" contra él por parte de la familia demandante, los Goyeneche, por las acciones restrictivas de la Junta llevadas a cabo ya que siempre se han mostrado "celosos con la legalidad urbanística".
Las mismas fuentes municipales recriminaron que por parte de la oposición se trate de relacionar el 'caso Becara' con el 'Guateque' --después de que el socialista Daniel Viondi dijera que son "dos muertos muy vivos"--, lo que les llevó a afirmar que el PSOE "parece que quiere amparar la especulación urbanística de la familia Goyeneche, que alquila iilegalmente inmuebles".
Durante su intervención en el Pleno de julio de 2008, el propio concejal negó cualquier identificación entre el 'caso Becara' y el 'Guateque', para lo que recordó las "tres resoluciones judiciales" del juez Santiago Torres, instructor de las dos causas, en las que niega la vinculación entre ambas operaciones.
'CASO BECARA'
El 'caso Becara' se inició a instancias de una denuncia interpuesta por María Adelaida Rodríguez-Patón y Juan Mariano Goyeneche, vecinos del edificio de la calle Juan Bravo. Esta familia dio cuenta al juez Torres de una serie de irregularidades cometidas supuestamente por responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo en la concesión de licencias a Becara.
La titularidad del local corresponde a la mercantil BZ Asuntos de Familia, S.L., cuyo apoderado es el ex diputado del PP Jorge Trias Sagnier, marido de una de las propietarias. El ex gerente de Urbanismo Luis Armada otorgó en 1998 y 1999 la licencia de obras y apertura. En marzo de 2000, Becara abrió sin licencia de funcionamiento porque se le denegó por quebrantar la normativa urbanística al ser un edificio calificado de fuera de ordenación.
Esta denominación obliga a mantener la misma actividad que tenía cuando se concedieron las primeras licencias. Anteriormente, la actividad era de compra y venta de vehículos. El inicio de funcionamiento de la tienda sin licencia propició que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declarase ilegal el local por infringir la norma urbanística. Por ello, el Alto Tribunal madrileño anuló en 2005 un permiso de funcionamiento que autorizó el Consistorio de Madrid.
LA JUNTA, INFORMADA DE LAS IRREGULARIDADES
En su primera comparecencia, el edil popular insistió en que la Junta Municipal no tramitó ninguna licencia para la tienda Becara, puesto que la competencia le correspondía a la Gerencia de Urbanismo.
Adujo entonces que el departamento que dirige Pilar Martínez se encargó en diciembre de 2006 de una solicitud de modificación del local para reestructurar las plantas del mismo. Ello, según el concejal, obligó a "Urbanismo a ocuparse del resto de las licencias", entre ellas la de funcionamiento.
Admitió que la Junta de Salamanca fue informada de que la tienda no tenía ninguna licencia de actividad, si bien aclaró que esta incidencia se remitió al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.
Además, contó que un funcionario de este departamento emitió un informe a favor de que la competencia debía ser para la Junta Municipal del distrito de Salamanca. Tras ello, Henríquez de Luna se reunió con Pilar Martínez, quien finalmente desautorizó el escrito del citado empleado municipal.
