Otro agente dice que el comisario acusado dijo, tras visionar las cintas, que "si el ministro dice que le han pegado, no se cuestiona"
MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El policía H. Cruz manifestó hoy en la Audiencia Provincial de Madrid - donde se juzga a tres agentes por su actuación presuntamente irregular tras los incidentes ocurridos durante la asistencia del ex ministro de Defensa, José Bono, a la manifestación convocada por la AVT en enero de 2005-, que fue relevado como instructor de esta investigación tras negarse a detener a los militantes del PP Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz una vez éstos pisaran la comisaría, tal y como le había sido ordenado por su superior.
El citado superior era el Inspector jefe J.F., uno de los tres acusados en este juicio, que celebró hoy su tercera sesión ante la Sección Decimosexta de la Audiencia de Madrid. El testigo confirmó que el inspector le dijo expresamente: "Cruz, cuando lleguen les detiene y les lee sus derechos", ante lo cual él mostró su desacuerdo porque en ese momento "no tenía pruebas que los inculparan". Añadió, en conformidad con sus declaraciones anteriores, que él creía que antes de nada había que tomarles declaración.
Confirmó que, apenas dijo que no estaba de acuerdo con la decisión de su jefe, éste le interrumpió y le dijo que en ese momento era relevado de la investigación y que se le cesaba de su actual cargo como jefe del grupo de conflictividad laboral y social de la Brigada de Información. Hasta ese momento, según su testimonio, ninguna de las actuaciones realizadas permitía hablar de una agresión sufrida por Bono.
Un día después, Cruz fue llamado al despacho del Jefe Superior de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño, quien le tranquilizó y le dijo que él era el único que podía relevarle y que no lo iba a hacer, si bien este agente fue cambiado finalmente de destino.
En esta causa se enjuicia al comisario Rodolfo Ruiz, para quien la acusación ejercida en nombre del PP solicita 10 años de cárcel y 11 de inhabilitación por los delitos de detención ilegal, falsedad en documento público y coacciones; al inspector jefe que coordinó las diligencias, para quien se piden 8 años de prisión por los dos primeros delitos; y a un tercer agente que actuó como secretario en la toma de declaración de los militantes, a quien se imputa falsedad. La Fiscalía no acusa en esta causa.
LOS SUPERIORES ORDENARON DETENER
Durante la vista también destacó el testimonio de dos agentes que fueron testigos de los incidentes durante la manifestación y redactaron las primeras notas informativas sobre los mismos, y a los que posteriormente se les ordenó transformar estas primeras anotaciones en diligencias policiales de carácter formal, dirigidas a aclarar los hechos.
Ambos reconocieron que un día después de traspasar la causa al grupo especializado se les ordenó volver a firmar esta diligencia, para que figurara un instructor diferente del primero, que había sido relevado. Uno de los agentes afirmó, además, que la realización de esta gestión le obligó a suspender su servicio.
El primero de estos agentes en declarar, con número de carnet profesional 79.914, fue el más elocuente al manifestar, a requerimiento del presidente del tribunal: "Ese día el comentario general en la Brigada fue que se había dado orden por la superioridad (...) de que se llevaran a cabo detenciones, y que la instrucción a la que nosotros pasamos las diligencias el lunes por la mañana se negó a practicar estas detenciones figurando como instructor, y parece que por eso se confeccionó otra vez todo el atestado". En dichas firmas estaba presente J.F. y el comisario Ruiz, y se hizo constar como secretario de las diligencias al tercer acusado, que es el jefe del grupo especializado en los GRAPO.
El agente con número profesional 56.589, jefe directo del anterior y quien también elaboró la primera nota informativa, confirmó sus declaraciones anteriores, en las que contó cómo había oído que, durante el visionado de las cintas de la manifestación, J.F. indicó al Comisario jefe: "Jefe, no se ve nada", a lo que éste respondió: "Si el ministro dice que le han pegado, le han pegado, y eso no se cuestiona".
Este policía añadió hoy que recuerda casi textualmente estas expresiones porque le llamaron la atención, y que cree que después el comisario dijo que en otras grabaciones tenía que "haber algo".
A preguntas del presidente de la Sala, Miguel Hidalgo, este funcionario afirmó que las nuevas tecnologías informáticas permiten confeccionar, con facilidad, documentos de lectura de derechos de diversos formatos, como la que existe para "imputados no detenidos", además de la encabezada como "Información de Derechos al Detenido" que se utilizó en este caso. Según los acusados, la Brigada no disponía de otro formulario aparte de éste último.
"ÁNIMOS CALIENTES" EN LA BRIGADA.
Finalmente, el policía 56.589 confirmó que tuvo que volver a firmar el documento de traspaso de la investigación porque le dijeron que "había un problema formal". "Yo tengo un principio de jerarquía, y los ánimos estaban un poco calientes, trastornados -dijo-. (...) Prefiero no entrar en discusiones y no sé si en ese momento me tenía que haber negado a volver a firmar, me hubiera negado si no fuera el mismo contenido. Son situaciones en las que se contraponen los principios".
También depusieron hoy ante el tribunal otros tres agentes, uno de ellos el que sustituyó a Cruz al frente del grupo de conflictividad laboral, el que actuaba como secretario en la fase en la que aquel seguía siendo responsable de la investigación y un tercero que estuvo presente en los incidentes. La vista se reanudará el lunes con la comparecencia de otros seis policías.
