Las reclamaciones relativas a las aglomeraciones en los mítines electorales, remitidas a la Consejería de Sanidad
MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
La 'otra' campaña electoral de las elecciones del 4 de mayo, al margen del frente político, se ha librado en los tribunales con un cruce de denuncias no visto en los anteriores comicios ante los incumplimientos de la Ley Orgánica del Régimen General Electoral (LOREG), lo que ha llevado a embarrar más el ambiente ya sumido en un fuerte clima de crispación.
Las continuas reclamaciones de las diferentes formaciones ante la Junta Electoral Provincial y las Juntas de Zona han avivado la campaña al llegar muchas de ellas a los tribunales e incluso al Tribunal Constitucional en el caso de la exclusión de Toni Cantó de la lista encabezada por Isabel Díaz Ayuso.
Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que los magistrados que componen la Junta Electoral Provincial han detectado "un incremento en la intensidad" de las reclamaciones, focalizadas en Madrid al ser la única autonomía que concurre a los comicios por la convocatoria realizada en medio de la legislatura por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Desde que se inició la carrera electoral han sido muchos los toques de atención lanzados por el órgano que vela por el cumplimiento de la LOREG a los líderes políticos para que se abstuvieran de hacer propaganda electoral y campaña de logros en sus actos.
La irrupción de Pablo Iglesias en Madrid y su anuncio con un vídeo grabado desde el que fuera su despacho como vicepresidente del Gobierno dio el pistoletazo al inicio de la 'otra' campaña librada en la Justicia y no en los mítines.
La denuncia del PP contra el líder de Podemos terminó en una llamada de atención por incurrir en una infracción del artículo 50 de la Ley Electoral General, pero sin la apertura de un expediente sancionador.
Uno de los casos más polémicos en la ámbito judicial ha sido la denuncia presentada por el PSOE para impugnar la lista del PP por el empadronamiento fuera de plazo de Toni Canto y Agustín Conde al producirse antes del 1 de enero de 2021.
El caso llegó en amparo al Constitucional tras acordar la Junta Provincial Central su exclusión de la candidatura, corrigiendo la decisión de los magistrados que forman la Junta Provincial. El TC fue rotundo en su conclusión afirmando que no era posible una interpretación "más flexible" del derecho fundamental del sufragio pasivo como solicitaba el PP al ser "abiertamente contraria" a la previsión legal para evitar "empadronamientos de conveniencia".
AYUSO, DIANA DE DENUNCIAS
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y la Comunidad de Madrid también han sido diana de numerosas denuncias por parte de todas las formaciones políticas por el uso electoralista de algunos de sus actos institucionales y de la web institucional para hacer propaganda electoral.
Ayuso ha sido apercibida por la Junta Electoral Provincial en diferentes ocasiones por poner encima de la palestra los éxitos obtenidos de su gestión y se le ha abierto dos expedientes sancionadores por infringir el artículo 50 de la Ley Electoral.
Los socialistas también se han visto afectados por la intervención de la Junta Provincial en su campaña al ordenar la retirada de una primera lona que se desplegó en la plaza de Callao a instancias de una denuncia de los 'populares'.
Ángel Gabilondo contraponía su imagen con la fotografía de Colón de 2019, que reunió por primera vez a PP, Cs y Vox. La lona fue sustituida por otra también denunciada pero avalada por los magistrados al ajustarse a la normativa electoral.
La campaña de Vox también ha tenido fuerte presencia en los tribunales debido al cartel desplegado en la estación de Cercanías de Sol en el que compara la pensión de jubilación de un mayo con el gasto mensual dedicado a un menor extranjero no acompañado.
El asunto acabó judicializado tras una denuncia de la Fiscalía de Madrid, que solicitó sin éxito la medida cautelar de retirada. Y la juez instructora dio carpetazo al asunto al concluir que se encuadraba dentro del pluralismo político que ampara el artículo 6 de la Constitución.
A todas estas reclamaciones se han sumado otras relativas a las aglomeraciones que se han ido dando en los mítines electorales, siendo remitidas a la Consejería de Sanidad para la investigación de si se incumplieron medidas sanitarias.
