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MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
La delegada de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de la capital, Pilar Martínez, cifró hoy en menos de 40.000 las personas que podrían residir en toda la Cañada Real, por lo que subrayó durante su comparecencia del Pleno la importancia de acometer el censo poblacional, uno de los primeros puntos de la hoja de ruta abordada por las distintas administraciones implicadas.
Está previsto que en el plazo máximo de seis meses cada uno de los ayuntamientos realice un censo de los ocupantes de la Cañada Real, teniendo en cuenta a estos efectos los datos del padrón municipal cerrado a fecha 7 de julio. Además, antes de un año debe estar elaborada la ordenación urbanística por parte de los ayuntamientos.
La edil destacó que con la información básica con la que cuenta el Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo en materia de disciplina urbanística se puede afirmar que el número de habitantes de la Cañada que discurre dentro del término municipal de Madrid "tiene que estar necesariamente muy por debajo de las 40.000 personas que se dice residen en el lugar", un mito que trató de desmontar con los datos aportados.
Martínez, que apostó por acometer un gran corredor verde en los ámbitos colindantes no sectorizados, insistió en que los ayuntamientos no serán en ningún momento propietarios del suelo, que ahora es de dominio público y con la desafectación defendida por la Comunidad de Madrid será suelo patrimonial del Gobierno autonómico.
Una vez más, la voz del Gobierno municipal en materia urbanística insistió en la necesidad de cumplir la hoja de ruta programada con las distintas administraciones, esto es, aprobar la ley, crear el censo poblacional, llegar a un acuerdo social y abordar los necesarios cambios en el ordenamiento urbano para llevar a cabo cualquier negocio jurídico. "El cambio de este orden alteraría el producto", aseveró.
Es por ello que, una vez más insistió en que la interlocución vecinal sólo se producirá tras el necesario acuerdo social y, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, con asociaciones avaladas por la FRAVM. Sobre los encuentros solicitados por la Asociación del Sector IV de la Cañada, Martínez sostuvo que es una entidad "minoritaria en suelo ocupado". En cuanto a su propuesta de compra de los terrenos donde se levantan sus viviendas, la edil expuso que los ayuntamientos "no están legitimados" para esta cuestión porque "no son propietarios del suelo".
LA DESAFECTACIÓN NO BASTA
En cuanto a la desafectación, la responsable de Urbanismo aseveró que es un "paso importante" pero que no resuelve toda la problemática de la Cañada ya que debe estar acompañada por una intervención social y urbanística. Estos dos pasos tienen que ser previos a la enajenación, según la concejala. "Sólo la desafectación y la posterior venta de suelo agravaría el problema porque nos encontraríamos con suelo no urbanizable, sin infraestructuras ni servicios", añadió.
La popular también insistió en las diferentes problemáticas existentes en la Cañada porque no es lo mismo de hablar de las pequeñas casas integradas al núcleo urbano en Coslada, con las ocupaciones cerca del vertedero de Valdemingómez o las transacciones comerciales, con la droga como protagonista, que se producen el sur. Esa diferencia de características registradas en los 15 kilómetros totales de la Cañada demandan "una solución diferente para cada familia", adelantó la delegada.
La popular recordó que hasta el momento la actuación del Ayuntamiento de Madrid en este ámbito se ha limitado a los aspectos en los que tiene competencia según la Ley del Suelo, esto es, las actuaciones sin licencia. Por ello, desde 2007 el Consistorio ha acometido hasta 138 actuaciones de disciplina urbanística.
Pilar Martínez terminó su comparecencia en el Pleno pidiendo paciencia. "Demos tiempo al tiempo", subrayó tras insistir en la necesidad de llegar a una solución global a un problema enquistado desde hace 40 años en la sociedad madrileña.
