CCOO dice que la ley de autoridad debe incluirse dentro de un "compromiso social y político" por la educación

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Educación de CC.OO. Madrid aseguró hoy que la ley de autoridad pública del profesor que pondrá en marcha el Gobierno regional debe incluirse dentro de "un compromiso social y político" por la educación que, además de abordar "los graves problemas que aquejan" a la educación madrileña y a sus profesionales vaya acompañado de un aumento de las partidas presupuestarias destinadas a educación en consonancia al PIB madrileño.

Para el sindicato, la regulación de la autoridad del profesorado debe incluirse en un marco "más amplio" que regule el reconocimiento social del profesorado y que signifique la puesta en marcha de medidas "inequívocas" que contribuyan al aumento de la valoración social de la función docente y educativa.

Consideró que entre las medidas para atajar la "crisis" que sufre la educación madrileña, hay que reforzar la figura del profesorado y que, por ello, el sindicato viene tiempo exigiendo que el Gobierno regional debe mejorar las condiciones en las que se ejerce la docencia, "que dignifiquen la carrera docente, que aumenten el prestigio social del profesorado y que protejan a las víctimas de violencia en el ámbito escolar".

En este sentido, CC.OO. va a considerar positivas todas las medidas que vayan en esta dirección aunque, no obstante, señaló que "parece contradictorio" este proyecto con los recientes "insultos" de la consejera de Educación, Lucía Figar, en sede parlamentaria al profesorado de la enseñanza pública, cuando "puso en duda su profesionalidad al lanzar la acusación sobre todo un colectivo de estar estafando a la ciudadanía con falsas bajas por enfermedad".

En cuanto al proyecto del Gobierno Regional, aseguró desconocer el alcance normativo y la solvencia de este anteproyecto "porque, a pesar de afectar a las condiciones laborales del profesorado, este supuesto borrador no es conocido por las organizaciones sindicales representativas", al menos, matizan, por CC.OO.

Por otro lado, está sorprendido por la "singularidad" de la futura norma "ya que los funcionarios públicos de la Comunidad de Madrid que disfrutan de esta condición lo hacen en función de regulaciones estatales".

Respecto al hecho de que la ley se aplicará a centros públicos y concertados, CC.OO. aclaró que el Código Penal expresa que pueden considerarse, a efecto de delito de atentado, las agresiones contra funcionario público siempre que una ley o autoridad competente así lo regule. "Por lo tanto, sin modificar el Código Penal, el profesorado de la privada concertada no tiene cabida legal para que una administración pueda regular", añaden.

Entre las otras medidas anunciadas, indican que muchas ya están en vigor a través del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes, "y ninguna tendrá incidencia directa en el aula, ya que no se contempla el aumento de profesorado, la incorporación de la diversidad de figuras profesionales que son necesarias, la disminución de las ratios o la ampliación de medidas de atención a la diversidad". "Una Ley de autoridad sin medios no resolverá los problemas del profesorado en el ejercicio diario de la docencia", concluyen.