MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. exigió hoy que se ejecute la sentencia que declaró ilegal la privatización del CEIP Miguel Ángel Blanco y denunció la aprobación de otro Decreto por parte de la Comunidad de Madrid que vuelve a suprimir el colegio público y lo da de baja en el registro de centros docentes, informó hoy CC.OO.
El sindicato criticó que el Gobierno regional en vez de hacer el fallo efectivo, el pasado 23 de diciembre aprobó otro Decreto que consta de 2 artículos; el primero para volver a suprimir el colegio público y el segundo para dar de baja al centro del registro de centros docentes, un nuevo Decreto.
La Federación Regional de Enseñanza de CC.OO. considera que profesores y alumnos deberían solicitar a la Comunidad de Madrid, una indemnización por daños y perjuicios a través del procedimiento de responsabilidad patrimonial, que según la jurisprudencia puede elevarse a 30.000 euros.
Según CC.OO, este nuevo Decreto tampoco motiva la supresión del colegio público y además, la argumentación dada es incierta, al contradecirse con lo expresado en el procedimiento judicial anterior.
El sindicato denuncia que ahora la Comunidad de Madrid dice que el centro público nunca funcionó, cuando el propio letrado de la Comunidad en su escrito de defensa dejó claro que el centro funcionaba, con sus respectivas clases, profesores y alumnos, por lo tanto no puede desdecirse de lo ya manifestado ante un Tribunal de Justicia.
"Si ante las alegaciones que esta parte presentó en el primer contencioso sobre la desviación de poder de la Comunidad de Madrid, el tribunal entendió que la falta de transparencia en la actuación de la misma le limitaba a juzgar si existe esta desviación de poder o no, al dictar este Decreto la desviación de poder es notoria, por cuanto reitera una actuación ya anulada por los tribunales de justicia, intentando no ejecutar la Sentencia en sus propios términos", recalcá CC.OO.
ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA
La sentencia de 11 de diciembre de 2009 anuló la privatización del colegio Miguel Ángel Blanco, por falta de motivación, al señalar que las razones que ha dado la Comunidad de Madrid para suprimirlo son las mismas que dio para crearlo.
Según el sindicato, resalta la casualidad de que sólo unos meses antes el Ayuntamiento de El Álamo, donde se encuentra ubicado el colegio, acuerda iniciar la tramitación de un expediente para otorgar el uso privativo de una finca y del edificio sede del colegio público para un centro privado concertado, justificando su decisión el Pleno del Ayuntamiento en las necesidades escolares.
De este modo el TSJ considera que estas mismas razones llevan al efecto contrario, esto es, mantener el colegio público y la adecuada prestación del servicio público.
Al anular el TSJ el Decreto de supresión del centro Miguel Ángel Blanco, la Comunidad de Madrid, está obligada por el artículo 103.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso administrativa, a ejecutar la referida sentencia y esta ejecución solamente puede llevarse a puro efecto dictando otro Decreto por el que el centro vuelva a ser público y sus trabajadores repuestos en este centro al igual que el alumnado.